Notificaciones INE
Por: Federico La Mont
Así van: En el INE continúan recibiendo suspensiones de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que atrasarán la sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a dichos recursos interpuestos.
Hasta el miércoles el INE fue notificado de más de 160 suspensiones, a lo que se sumaban otras 115 nuevas sobre los mismos expedientes, incluidos incidentes y ampliaciones. A su vez, el TEPJF anticipó que en su próxima resolución, ratificará precisamente que la Constitución da a las decisiones de la sala superior, carácter de superioridad en temas electorales, ámbito donde no se admiten amparos.
En consecuencia, se daría la autorización al INE para que inicie la organización del proceso para la elección de juzgadores por voto popular, como ordena la reforma constitucional, las modificaciones a dos leyes secundarias, LGIPE y la de Medios de Impugnación. Sin embargo, desde ahora, Norma de la Cruz, consejera del INE e integrante de la comisión temporal encargada de organizar el proceso extraordinario para elegir más de 800 cargos del PJF, incluidos ministros, magistrados y jueces, advirtió que el legislador dejó al INE la responsabilidad de armonizar la geografía electoral con la judicial y no resolvió otro tipo de omisiones.
Además, dijo, se dejó fuera el voto de los mexicanos en el exterior, que en los comicios ordinarios ya es un asunto validado por tres modalidades: postal, Internet y presencial en consulados. En momentos en que el INE mantiene en pausa la organización formal de esta elección, y no instala la misma comisión temporal que tendrá que coordinarse con los poderes Legislativo y Judicial, en su análisis preliminar, los consejeros electorales temen que el marco normativo no garantice que toda la ciudadanía participe.
También resulta contradictoria, añadió De la Cruz, la manera de marcar la boleta; en el decreto se indica que hay que escribir los nombres de los candidatos electos, e incluso especificar la autoridad que los propuso, lo cual sería discriminatorio de las personas que no saben escribir o que su letra no sea legible. Otro ejemplo es que se firmarán tres comités de evaluación que tendrán sus reglas, y a nosotros nos darán hasta el 12 de febrero el listado de aspirantes, pero luego dicen que el INE debe garantizar la paridad y calificar la elección, lo cual no está en sus atribuciones.
Historias Fecal: En el caso de Genaro García Luna, a quien no vio, no oyó y no registró, según la versión oficial de Felipe Calderón, se trata de un verdadero mafioso, acompañado de Felipe Calderón, que está refugiado en España. García Luna utilizó sus distintos cargos dentro del gobierno federal para cometer delitos desde 1989 y en por lo menos cuatro sexenios, desde el de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y hasta el de Felipe Calderón.
Tras ser condenado a 38 años y cuatro meses de prisión, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que “es importante que el pueblo de México sepa que hay varias órdenes de aprehensión contra García Luna en México, hay investigaciones, incluso una relacionada con el asesinato de Luis Donaldo Colosio”.
“Se está rastreando en la Fiscalía General de la República (FGR) para saber cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna y la posible extradición de su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, a quien los integrantes del decimoséptimo tribunal en materia administrativa del primer circuito de la CDMX, los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles y Amanda Roberta García González le desbloquearon, el mismo día del juicio de su marido, sus cuentas bancarias denunciadas por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Sheinbaum resumió las tres órdenes de aprehensión que tiene García Luna pendientes en México, “una, relacionada con Rápido y furioso; otra, con la construcción de reclusorios, en tiempos de Felipe Calderón, que se hicieron por medio de contratos privados con costos muy altos y donde participó García Luna y el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero, la tercera, por lavado de dinero”. Además, “está abierta la carpeta de investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio donde García Luna está involucrado y se realiza una consulta para ver si hay otras denuncias en donde hay investigaciones o incluso órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en México”.
Extradición: Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló que la orden de aprehensión contra García Luna y su esposa es un proceso abierto con gran cantidad de involucrados. De hecho, varios están ya en la cárcel por ese motivo. Por ello, se solicitará la extradición de los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa.
El hecho que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no se pueda solicitar su extradición; en el caso de su cónyuge, inmediatamente deberían extraditarla. Cuando era titular de Seguridad y Protección Ciudadana, la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, denunció en su momento los contratos firmados en el sexenio de Calderón para la construcción de prisiones privadas, del presupuesto nacional, hasta 2021, se pagaron casi 76 mil millones de pesos para cubrir los precios autorizados por García Luna, además de que en los años siguientes se pagaron más de 190 mil millones de pesos adicionales, para redondear, en dos décadas, el pago de 266 mil 300 millones de pesos, con sobreprecio.
Además, Calderón autorizó pagar 100 por ciento a los beneficiarios privados a pesar de que en esos penales no se registraban internos; además, inmuebles e instalaciones, una vez concluida la vigencia contractual de 20 años renovables, se mantendrían como propiedad privada. Por ejemplo, en el Centro Femenil de Morelos, por cada preso se pagaban 6 mil 634 pesos diarios y en el de Sonora 2 mil 640 pesos diarios por cada interno.
De ahí que el gobierno mexicano anunció que es procedente solicitar la extradición a México de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, puntualizaron que se trata de investigaciones abiertas por delitos cometidos en México, que no están vinculados con el juicio llevado en Nueva York contra García Luna y que están relacionadas con la operación Rápido y furioso, con contratos otorgados de manera directa a empresas privadas para la construcción de penales federales que derivaron en daños al erario y con una trama de lavado de dinero por la que se defraudaron a la Secretaría de Hacienda más de 625 millones de dólares, caso en el que, además de García Luna, hay 60 imputados con órdenes de captura, algunos en la cárcel y otros prófugos en Estados Unidos.
