Inédita SCJN
Así son: Es inédito el interés que tiene la gente en conocer qué hace, cómo se organiza, qué resuelve y por qué resuelve así el único poder no democrático de nuestro país, el más oscuro, el que a la fecha cree que no tiene por qué rendir cuentas a nadie.
Gente de los más diversos estratos, en comunidades urbanas y rurales, jóvenes y mayores miran con azoro los datos que recopilamos: el costo de la Suprema Corte, tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito; las remuneraciones inconstitucionales de jueces, magistrados, ministros y la alta burocracia del poder judicial; su exorbitante nepotismo; la demora en los procedimientos; los temas que prioriza y los asuntos de justicia social ausentes en sus resoluciones; la elevada impunidad y la falta de sanciones a juezas y jueces; la administración sin auditoría externa; la ejecución de leyes que vigila para los demás pero se exime a sí mismo; la invasión cotidiana de las facultades del poder ejecutivo y del legislativo; la ausencia de compromiso con la protección de los bienes públicos nacionales y sociales; la supremacía judicial que ejerce…
En fin, el conjunto de abusos de los que informamos causa sorpresa, indignación y confirma la urgencia de la realización de la reforma al Poder Judicial. La gente pregunta sobre reformas que aún faltan: al Ministerio Público, a los poderes judiciales de los estados, incluso propone mecanismos para lograr el acceso a la justicia. A partir de estos encuentros queda claro que después de la aprobación de esta reforma debe pensarse una segunda etapa, como se vislumbra en los trabajos que lleva a cabo el Congreso de la Unión. Por lo pronto, voy a complementar la propuesta que presenté el 27 de junio a los legisladores, para agregar varios planteamientos de carácter legislativo y administrativo dirigidos a lograr mayor acceso a la justicia, fundamentalmente en materia de derechos sociales.
Uno de ellos va a consistir en lo que podría derivar en la Ley de Justiciabilidad de Derechos Sociales.
Defensa: Otra se va refiere a la posibilidad de conjuntar en una sola defensoría pública a la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, las procuradurías Agraria, Ambiental, Federal del Consumidor, de Defensa de los Contribuyentes, del Trabajo y al Instituto Federal de Defensoría Pública, para generar una sola institución con facultades para representar en juicio a quienes requieran defender sus derechos individuales y colectivos. La idea sería que esta instancia funcionara en espacios territorializados donde se brinde asesoría para el ejercicio de derechos, se concilien conflictos y se asuma la representación en juicio, de forma mucho más accesible que ahora mediante la proximidad y la multiplicación de profesionales en la defensa legal.
En los próximos días el Poder Legislativo decidirá sobre esta y otras reformas constitucionales. Seguiré acudiendo a universidades, recintos parlamentarios, plazas públicas y espacios comunitarios, para seguir informando sobre el Poder Judicial de la Federación que tenemos y el que necesitamos, del perfil de las personas juzgadoras y de cómo salvar a este del secuestro en el que se encuentra por quienes lo conciben como una guarida de privilegios y no como el poder garante de los derechos y libertades de las y los mexicanos.
Actores: El magistrado Mauricio Barajas Villa, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, explicó que se trata de una estrategia legal de dos líneas contra la reforma judicial, una, para revertir la captura de este Poder Legislativo de la Unión por parte del Ejecutivo y otra contra la sobrerrepresentación del bloque Morena, PT y PVEM. Así lo manifestó durante su intervención en un acto de protesta en el Palacio de Justicia de San Lázaro, convocado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (JUFED) al cual acudieron más de 200 integrantes del PJF.
«La primera línea de defensa es acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial; se trata de contener, revertir y reconducir por cauces racionales esa reforma judicial», dijo el magistrado. «En otra acción también jurídica se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política Morena no alcance las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión».
Entrevistado al término del evento, Barajas Villa dio por sentado que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del PJF no podrán impedir la sobrerrepresentación del bloque oficialista. «Ante esa circunstancia que es muy previsible, pues lo que queda es la defensa ante instancias internacionales», dijo el magistrado.
