Desenlace Mayitos y chapitos
Mano firme: La jueza Kathleen Cardone también estableció el 11 de septiembre como fecha límite para que el Mayo Zambada reitere su declaración de inocencia o se acepte su culpabilidad . Hasta ahora, no se fijan otras fechas para el eventual juicio contra «El Mayo» Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa. En la Corte del Distrito Oeste de Texas, en El Paso dónde Zambada y otras 23 personas están acusadas por narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas para empresa criminal, crímenes violentos y homicidios en apoyo a una organización criminal.
El caso Zambada, sin embargo, está radicado desde julio de 2009 en la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde su exsocio Joaquín «El Chapo» Guzmán fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019. Es probable que Zambada eventualmente podría ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta 17 cargos, pero también hay la posibilidad que todos los expedientes en su contra sean concentrados en un solo proceso en El Paso.
Cargos: Por su parte, Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» detenido con Zambada, no enfrenta cargos en Texas, pero por estar detenido en ese estado, podría tener una audiencia inicial en la corte de El Paso. Hasta ahora, sin embargo, no se abre un expediente temporal para Guzmán López en dicha corte. La principal acusación contra el hijo de «El Chapo» está en Chicago, donde se lleva el proceso contra su hermano Ovidio, quien según registros oficiales fue liberado el martes 23 de julio de una prisión federal, pero sigue bajo custodia de autoridades estadounidenses, según dijo el Embajador en México, Ken Salazar. La defensa de «El Mayo» está a cargo de Frank Pérez, un abogado de Dallas que en la década pasada representó legalmente a su hijo Vicente Zambada Niebla «El Vicentillo», procesado en Chicago y liberado en 2021 luego de doce años preso y de ser el testigo estrella en el juicio contra «El Chapo».
Envuelve la aprehensión de dos de los principales narcotraficantes de México: Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López, «El Güero», cuarto hijo de «El Chapo» Guzmán. La versión que circula en los medios que ven los temas de seguridad, señala como una detención y no una entrega voluntaria de los criminales, pues es muy significativo el hecho de que haya sido el FBI y no la DEA la agencia encargada del operativo.
Reformas: Nunca en la historia jurídica de México fue tan cuestionada la legitimidad del Poder Judicial federal y la carrera judicial de élite. En el mundo de las élites jurídicas es muy sencillo ponerse de acuerdo en los graves errores y las calamidades posibles de la reforma judicial federal que está en puerta. Para todo el gremio, se trata de una reforma equivocada que pone en riesgo la independencia judicial, sin embargo, a ese gremio de profesionistas le es más complicado observar en su correcta dimensión las grandes asignaturas pendientes del sistema de justicia en general e involucrarse en su solución. Que la reforma del presidente no sea la correcta no quiere decir que no se necesite.
El eje central de la misma debería encontrarse a partir de responder una pregunta obligada como punto de partida: ¿por qué la mayoría de las personas se duelen y tienen una mala opinión del sistema de justicia en México? En términos más académicos sería: ¿de qué tamaño es la demanda de justicia que realmente deje satisfechas a las personas y cuál sería su explicación? Tal y como hoy funciona el sistema de justicia, amplios sectores de la población viven al margen de cualquier forma de protección de la ley, porque muchísimas personas no pueden pedirle a un juez que garantice sus derechos frente al atropello y el abuso de otros. Hasta ahora, nadie de nuestra clase política planteo abrir las puertas de acceso a la justicia.
Son historias de todos los días la de los estafadores que venden terrenos que no están en regla a quienes no tienen casa y huyen con el dinero de la gente con absoluta impunidad, de las mujeres cuyas exparejas se van y desaparecen llevándose a sus hijos o dejándolos sin pensión alimenticia, de los miles de jóvenes a los que todos los años las fiscalías les arman acusaciones sembrándoles paquetes de droga en sus vehículos a la mala y pasan años en la cárcel por delitos que no cometieron. ¿Qué dirían todas estas personas cuando el presidente López Obrador propone que tengan derecho a elegir a sus jueces a través del voto? Lamentablemente, elegir a los jueces no les va a mejorar el acceso a la justicia. Porque las principales barreras para los ciudadanos no tienen que ver con la justicia federal.
Los grandes cuellos de botella están en la operación de cuatro instituciones locales: los juzgados de primera instancia, la defensoría pública de oficio, las agencias del Ministerio Público y los juzgados cívicos. Todas estas instituciones están diseñadas y funcionan para hacer sentir a las personas que son utilizadas para una aplicación arbitraria de la ley, donde el castigo no está apegado al sentido común y menos aún al sentido de justicia. Donde hay que pagar dinero para evitar los abusos e injusticias de ese sistema y además cubrir los servicios profesionales de un buen abogado, bien fogueado en ese ambiente judicial, pues en México, sólo quien tiene dinero para defenderse puede evitar los niveles de arbitrariedad con los que funciona el sistema de justicia en los estados de la República Mexicana, incluida la CDMX.
Lamentablemente, en esa primera instancia local, muchísimas personas quedan atrapadas en la telaraña legal de esas instituciones que gestionan y administran el castigo.
