¿Borregos tricolores, albiazules o innovadores?

Partida: En una 24 Asamblea Nacional, dentro del Pepsi Center, a puerta cerrada y a mano alzada, 3 mil 200 priistas aprobaron los cambios a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional que impedían la relección de su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y le dejaron abierta la posibilidad de mantenerse otros ocho años en el cargo.

En una hora y 53 minutos fueron aprobadas las modificaciones a su programa de acción, a su código de ética y a su declaración de principios, en las que definieron al PRI como un partido “demócrata social de centroizquierda progresista”. Además, se estableció que es un partido que se opone al neoliberalismo, ya que las políticas de ese modelo sólo generaron pobreza, violencia y desigualdad social. Al referirse a la reforma profunda de ese cadáver que alguna vez fue el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional, arremetió contra algunos miembros de su partido, tras calificarlos de cínicos, corruptos y sinvergüenzas, «Alito», incluso indicó que hay múltiples solicitudes de expulsión de esos priistas.

“Hay muchas propuestas y solicitudes de todos los estados de la República, para que se presente ante la Comisión de Justicia Partidaria la expulsión de todas y cada uno de ellos, porque causales de expulsión son atentar contra la unidad del partido, calumniar en el partido y mentir públicamente con el partido», afirmó Moreno. “No nos van a asustar, ni nos van a echar para atrás. Yo soy un gladiador, yo estoy echado para adelante siempre, no nos van a asustar ni nos van a doblar”. “Y atacan a su dirigente y lastiman al PRI. Dulce María Sauri, era la presidenta del PRI en el 2000, cuando por primera vez en la historia el PRI perdió la Presidencia de la República. Y recordarán ustedes que fue una denuncia que se hizo, de que habían desviado recursos de Pemex, de más de mil 500 millones de pesos a la campaña presidencial del candidato Francisco Labastida”.

“Y de eso se culpó al PRI y le generó una multa de más de mil 400 millones de pesos y no sólo no renunció, se quedó dos años más al frente del PRI, esa es la realidad», dijo. Además aseguró que “uno de los señalados, en los expedientes judiciales del homicidio de Luis Donaldo Colosio, es Manlio Fabio Beltrones y ese hecho deterioró mucho la imagen del PRI”.

Asimismo, calificó a Aurelio Nuño Mayer como un político de Polanco que ni siquiera está afiliado al PRI, «y ahora algunos periódicos le publican sus artículos como si fuera émulo de Mandela. No representa nada, pero le abren espacios para golpear al PRI, díganme dónde estuvo, entregaron la Presidencia en 2018 y después cómodamente huyó a Estados Unidos dizque a estudiar y cinco años abandonó a su partido, y ahora lo reciben para escuchar sus críticas al PRI, no tiene vergüenza, no tiene madre, esa es la realidad», agregó «Alito» sobre el ex secretario de Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A «Alito» Moreno, se le olvida un detalle: los mismos a los que ahora aplastó son aquellos que lo llevaron a la dirigencia nacional del tricolor.

En su tercera toma de posesión, tras cinco años en la presidencia del tricolor y sin rubor alguno, “Alito” dijo que “lo mejor que le puede pasar a México es que el PRI regrese y vuelva a gobernar” y anunció que en la Asamblea se aprobó expulsar al neoliberalismo de su declaración de principios, El PRI está muerto, unos lo dejaron irse pudriendo poco a poco y otros lo despedazaron, pero hay quienes pretenden lucrar con el cadáver, claro, mientras dure. Carlos Salinas de Gortari decidió infectarlo con el virus del neoliberalismo y sufrió durante décadas la enfermedad de la corrupción, hasta que colapsó y así el PRI pagó con su vida la traición a los principios de una Revolución que demandaba honestidad en todos los sentidos,

Claro oscuros: Pues nada, que al joven juez de distrito, Rodrigo de la Peza le temblaron las corvas y canceló su orden dada al Tribunal Electoral para que en 24 horas nombrara a los dos magistrados faltantes. No obstante, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, solicitó que fuera sometido a juicio político y el Tribunal Electoral presentó denuncia penal en su contra. Una buena lección para los jueces que se creen intocables, acostumbrados a actuar en la impunidad, sin tener que enfrentar las consecuencias de sus abusos, por eso urge la reforma al poder judicial.

Mientras, en la acera de enfrente, la dirigencia nacional del PAN afirma que la mayor pérdida de votos ocurrió entre 2006 y 2012, sin hacer mención que ese periodo corresponde al del sexenio de Felipe Calderón, al referirse al análisis de su Consejo Nacional sobre el pasado proceso electoral del 2 de junio, el PAN apuntó que en ese proceso no tuvieron los resultados que buscaban, pero “logramos resistir a la peor regresión autoritaria y populista de México”, alcanzando una votación “muy parecida” a la obtenida en 2018. En un comunicado emitido por la dirigencia nacional y los comités directivos estatales del PAN, en el que no se incluyó alguna autocrítica, se expuso que los resultados del proceso electoral del 2 de junio, se debieron a que “fue una elección de Estado, una elección absolutamente inequitativa con la permanente intervención del gobierno y en algunas regiones, del crimen organizado”.

En el Consejo Nacional, realizado a finales del mes de junio pasado, acordaron la creación de una comisión encargada de analizar a profundidad los resultados electorales obtenidos por el PAN. Y tras expresar su respaldo al Consejo, las dirigencias panistas señalaron “en nuestro consejo nacional quedó claro que no nos vamos a dividir ni por presiones de afuera ni de adentro del partido, teniendo claro que esta no es lucha de un día, sino una brega de siempre. Que seguiremos trabajando por el bien del PAN y de México, porque hoy más que nunca México llama a la unidad del principal partido de oposición, que es Acción Nacional”. En tanto, las dirigencias estatales indicaron que “seguirán unidos a su dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, para compromiso de corregir todo aquello que debamos de corregir, para poder presentarnos hacia adelante más competitivos, empáticos y atractivos para la sociedad”.

En enero de 2025 se iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el gobierno de México contra Genero García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, a quien se imputa un desfalco al presupuesto público de 634 millones de dólares, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez.

Destacó que la UIF ha detectado 16 empresas receptoras del dinero defraudado a México por la red de desfalco de García Luna que envió los recursos a paraísos fiscales primero y luego los retornó a México.

Al repasar el estado de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó el 21 de septiembre de 2021 ante una corte de Florida contra García Luna, Pablo Gómez Álvarez apuntó que se han logrado reintegrar a la Tesorería de la Federación alrededor de 2 millones de dólares.

Explicó que el juicio civil contra quien fuera mano derecha de Felipe Calderón, está en etapa de descubrimiento probatorio, donde las partes recaudan o aportan evidencias para probar sus acusaciones o su defensa, según el caso.

El titular de la UIF señaló que este juicio civil, que es independiente del proceso penal abierto por autoridades estadunidenses contra García Luna, en el que el ex funcionario fue declarado culpable de narcotráfico y está a la espera de que se le dicte sentencia el próximo jueves once de julio, es un proceso lento y que la juez a cargo del caso ha determinado que el juicio inicie en enero de 2025. Sobre los procesos abiertos en México contra García Luna, Pablo Gómez recordó que se trata de dos denuncias de carácter penal y una judicialización en el Ministerio Público a partir de esas denuncias, a través de la cual se expidieron 61 órdenes de aprehensión.

Destacó que el 20 de diciembre de 2023 fueron vinculados a proceso por estas denuncias Gloria García Luna, hermana del ex secretario Genaro García Luna y Édgar Rodríguez García, quienes se encuentran en prisión preventiva justificada. Añadio que en enero de 2024 fue detenido en España Jonathan Alexis Weinberg, presunto integrante de la red de desfalco de García Luna en México. Su extradición ya fue solicitada por el gobierno mexicano, dijo Gómez. Señaló que la UIF ha detectado que hay 16 empresas que son receptoras del dinero defraudado en México por la red de desfalco de García Luna y que fue enviado al extranjero a paraísos fiscales para luego ser retornado a México, “ocho de las 16 empresas están listadas por el SAT en el artículo 69-b del código fiscal, como los factureros, que se dedicaban a hacer contabilidades falsas”.