Otra pifia del INE y nuevo frente de Piña

¿Derroche?: El INE gastó 261 millones de pesos para organizar y promover el voto de los mexicanos en el extranjero y esperaban más de un millón de sufragios, pero sólo se registraron 226 mil 661 solicitudes, apenas 44 mil más que en las elecciones de 2018. Sólo les falló la promoción. Ahora nos salen con el cuento de que el comité especial para el voto en el extranjero rechazó a 39 mil 724 ciudadanos, a quienes avisaron por correo electrónico que su solicitud fue aprobada.

Ahora además amenazan con denunciar penalmente a algunos electores cuya documentación presenta, a juicio de dicho comité, algunas irregularidades. Entre esos electores hay indignación y frustración al ser rechazados. El comité especial lo preside el consejero Arturo Castillo y tiene como integrantes a las consejeras Carla Humphrey y Beatriz Zavala, que junto con los consejeros Jaime Rivera, Martín Faz y Dania Ravel, son los denominados consejeros “cordovistas” que vienen de los años en que presidió el instituto Lorenzo Córdova y que ahora hacen lo imposible por detener a la nueva presidenta, Guadalupe Taddei, en su esfuerzo para sacar adelante el proceso electoral más grande de la historia de México. Ahora se presenta el rechazo de casi 40 mil ciudadanos que querían votar desde el extranjero. Dice el comité que sí podrán votar, el plazo vence el 5 de mayo.

¿Y Calderón?; Resulta que uno de los “rasurados” que no podrá votar desde el extranjero es el ex presidente Felipe Calderón (Fecal), pues quedó fuera de la Lista Nominal de Electores en el Extranjero y es uno más de los 40 mil connacionales a los que el INE les encontró “inconsistencias” en su registro. Así que si Felipe desea sufragar tendrá que estar en la CDMX el 2 de junio y acudir a su casilla a depositar su voto. Con celeridad inusitada, filtraciones y un contexto electoral de desesperación opositora, la ministra PresidentaNorma Piña abrió fuego a partir de una denuncia anónima y disparó judicialmente contra el ministro ahora en retiro Arturo Zaldívar y el equipo que lo acompañó.

La respuesta no tardó en recibirla: ayer mismo, acompañado por el presidente de Morena, Mario Delgado, el ex presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldivar, soltó una batería de acusaciones contra su sucesora, para quien demandó se inicie un juicio político y se le procese incluso por la presunta comisión de delitos que podrían ameritar cárcel. El insólito cruce de acusaciones entre Norma Piña dando entrada a una serie de señalamientos que, de ser ciertos, mostrarían la descomposición de ese poder, y Arturo Zaldívar acusando a Piña de maniobras electorales, retorcimiento del derecho y comisión de actos delictivos.

¿Asertiva?: La respuesta de Zaldívar resultó en inmediatos efectos políticos y partidistas, aunque en términos jurídicos sea necesario esperar a que la indagación en su contra sea radicada y avance en el proceso legal correspondiente, pues hasta ahora solamente se le ha dado entrada. Además de lo estrictamente procesal en el ámbito de tribunales, llama la atención la imputación a Piña de conductas facciosas para favorecimientos electorales, lo cual llevará a Morena a promover un juicio político en el Congreso contra la titular de uno de los tres poderes, además de denunciar tal conducta ante el Instituto Nacional Electoral.

Tarde que temprano le explotará la bomba en la cara a Norma Piña, pues Arturo Zaldívar anuncia que, junto con Morena y el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, presentará una denuncia de juicio político en contra de la presidenta de la Suprema Corte y lo hará ante esa misma instancia, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional Electoral.

Sin mencionar el nombre de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la ministra Lenia Batres Guadarrama hizo ayer precisiones que constituyen una crítica y una descalificación de prácticas aplicadas al caso del ministro en retiro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Grupos de SCJN: Batres adelantó en un texto difundido en redes sociales que no podría dar declaraciones periodísticas al respecto, pues la eventual resolución del Consejo de la Judicatura Federal (presidido por la ministra Norma Piña) podría ser revisada por la Corte (presidida también por Norma Piña), pero adelantó que la filtración de la denuncia anónima contra Zaldívar y parte de su equipo, y del correspondiente acuerdo de inicio de investigación, es un elemento desafortunado e ilegal que pone en riesgo las formalidades esenciales de un procedimiento justo y contraviene la práctica general de la SCJN. Lenia Batres también hace otras consideraciones relacionadas con lo político y lo electoral, pues señala que la Suprema Corte no debe servir a intereses facciosos de ninguna clase, ni someterse a la sospecha de que participa a favor de alguna campaña electoral.

En este lance, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, se juega una porción importante de la gobernabilidad interna del Poder Judicial, en una clara apuesta a favor de los grupos dominantes de la estructura judicial federal, que se sienten amenazados por la propuesta 4T de reforma judicial y están optando por la búsqueda de desgastar o eliminar el papel del ministro Zaldívar, a quien consideran desertor, traidor y acomodaticio.

Reacción de Alito: Como en todo barco que se hunde, las ratas se amontonan para saltar antes de morir ahogadas, el ahora “Prianista” Alejandro “Alito” Moreno denunció a Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, por haber desviado más de 1,365 millones de pesos del presupuesto que debió destinarse a salud y educación de los mexiquenses, pero a “Alito” se le olvidó decir que la Secretaria de Educación del Estado de México cuando Eruviel Ávila fue gobernador era Ana Lilia Herrera, actual presidenta del PRI en el Estado de México.

“Alito” Moreno planea limpiar el nombre del PRI, por eso denunció a Eruviel Ávila. Pero también debería denunciar a Enrique Peña Nieto, a Carlos Hank González, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas, a Manlio Fabio Beltrones, a Miguel de la Madrid y muchos más. El consejero electoral Arturo Castillo se sumó al quinteto integrado por Carla Humphrey, Beatriz Zavala, Jaime Rivera, Martín Faz y Dania Ravel. Primero impidieron que la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, designara al secretario ejecutivo y una decena de direcciones ejecutivas que actualmente opera con encargados del despacho, luego hicieron un diseño innovador del primer debate de los candidatos que no le gustó ni a los candidatos ni a los ciudadanos; y ahora dejan sin votar a 39 mil 724 electores residentes en el extranjero.

No es superfluo señalar que Humphrey y Zavala también forman parte del comité para el voto en el extranjero. Inventaron pretextos torpes para justificar la exclusión, como la inconsistencia en las firmas, donde se observan firmas ilegibles o fotocopias en lugar de firmas autógrafas. Hasta ahora se dieron cuenta de ello, se les olvidó que así las aprobaron en primera instancia.