El gobierno de Cuautitlán Izcalli, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), avanza en el proceso de clausura de los diques construidos ilegalmente por un particular en la presa Lago de Guadalupe, un cuerpo de agua de jurisdicción federal que ha sido gravemente afectado por el vertido de más de 10 mil metros cúbicos de cascajo, generando contaminación severa y la formación de seis microlagunas.
Durante la conferencia semanal “El Poder del Pueblo”, encabezada por el presidente municipal Daniel Serrano, la directora de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Cuautitlán Izcalli, la bióloga Lily Chávez, informó que ya se establecieron los mecanismos de coordinación con autoridades federales y estatales para la clausura de los diques ilegales que impactan gravemente al ecosistema de la presa Lago de Guadalupe, reconocida como Área Natural Protegida con categoría de Parque Estatal.
La funcionaria explicó que, como resultado de la tercera mesa de trabajo interinstitucional, se acordó que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), proporcione al gobierno municipal información sobre las denuncias interpuestas por los vecinos, quienes desde julio de 2024 alertaron sobre los daños ecológicos provocados por la descarga de material de demolición.
El material vertido, equivalente a mil camiones cargados con cascajo, fue arrojado por un particular en mayo de 2024. Esta acción transformó de manera artificial el paisaje natural del cuerpo de agua, generando seis microlagunas y alterando el equilibrio ambiental en una zona considerada de alta prioridad ecológica.
Lily Chávez señaló que en las reuniones participan instancias de los tres niveles de gobierno, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México (PROPAEM), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), la Secretaría del Agua estatal y el organismo operador del agua (Operagua), con quienes también se trabaja en el diseño de un proyecto de biorremediación para revertir las afectaciones colaterales generadas por los diques.
Finalmente, la directora recalcó que el municipio funge como tercero interesado en este proceso legal, y que mantendrá su papel activo para garantizar la restauración ambiental y la protección de este cuerpo de agua considerado patrimonio ecológico de Cuautitlán Izcalli y del Estado de México.
