Por: Gilberto Solorza
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que interpondrá una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
La decisión surge como respuesta a las duras críticas del abogado hacia el gobierno mexicano en el contexto del juicio de su cliente en Estados Unidos, donde el gobierno mexicano solicitó participar en el acuerdo de culpabilidad.
Sheinbaum calificó de inadmisibles e irrespetuosas las declaraciones de Lichtman, quien no solo tildó de «absurda» la postura de México, sino que también acusó al gobierno de proteger a otros narcotraficantes y de haber violado acuerdos bilaterales durante la administración anterior.
En un tono firme, la mandataria dejó claro que no sostendrá ningún tipo de diálogo con «un abogado de narcotraficantes» y que será la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal la encargada de formalizar la demanda.
La denuncia podría tener implicaciones delicadas en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Si bien no se trata de un conflicto institucional como los suscitados por disputas sobre el T-MEC o la reforma judicial, el hecho de que se demande a un abogado estadounidense involucrado en un caso federal podría ser interpretado por Washington como una interferencia política en su sistema judicial.
No obstante, analistas coinciden en que la relación bilateral cuenta con mecanismos institucionales sólidos de diálogo y cooperación en múltiples áreas, desde la seguridad hasta el comercio, lo que permitiría contener una eventual escalada.
Desde el punto de vista legal, las consecuencias para Lichtman podrían ser tanto civiles como penales. Aunque la difamación fue despenalizada a nivel federal en México, en varias entidades federativas aún se castiga con sanciones que van desde multas hasta prisión.
Además, el abogado podría enfrentar una demanda por daños y perjuicios, lo que implicaría el pago de una compensación económica por el daño causado a la imagen y honorabilidad de la presidenta. El caso, de proceder, se llevaría en tribunales mexicanos, lo que obligaría a Lichtman a enfrentar un proceso judicial fuera de su país.
Por tratarse de un abogado extranjero, el litigio también podría sentar un precedente importante sobre la aplicación de leyes nacionales en casos de difamación con repercusión internacional. No obstante, expertos señalan que la ejecución de posibles sanciones podría enfrentar dificultades legales si Lichtman no se presenta voluntariamente ante la justicia mexicana.
