Por: Gilberto Solorza
China anuncia la muerte para cinco integrantes del clan Bai, responsables de una red transnacional de estafas, explotación y crimen organizado en la región de Kokang, Myanmar. Las autoridades en Shenzhen dictan las sentencias y cierran así uno de los casos más grandes de fraude contra ciudadanos chinos.
La corte intermedia del pueblo en Shenzhen sentencia a Bai Suocheng, jefe del clan, a Bai Yingcang, su hijo, y a otros tres cómplices. Otros miembros reciben cadena perpetua o largas penas de prisión. Beijing explica que el daño económico y humano alcanza miles de millones de yuanes, deja muertes, lesiones y miles de víctimas, y obliga al Gobierno a reforzar su cooperación con países del sudeste asiático. Fuentes judiciales señalan que el sistema chino aplica un periodo de suspensión de dos años antes de ejecutar la pena, tiempo en el que los condenados pueden apelar o solicitar una conmutación. China suele realizar la ejecución mediante inyección letal o fusilamiento, aunque las autoridades no anuncian fechas específicas.
El clan Bai, también conocido como familia Ming, opera desde los años 2000 y domina Kokang con una estructura criminal que convierte Laukkaing en un enclave de casinos ilegales, prostitución forzada, tráfico transfronterizo y fraudes digitales. Los líderes controlan “campos de ciberesclavos”, donde retienen a más de 10,000 personas bajo amenazas, castigos y torturas. El grupo forma parte de los cuatro clanes que mueven alrededor de 1,400 millones de dólares al año y que montan redes complejas con patrocinadores financieros y rutas de tráfico.
La policía china presenta pruebas que muestran el funcionamiento completo de la organización. Registros bancarios revelan el flujo de miles de millones de yuanes; archivos electrónicos y listas de víctimas detallan el fraude; informes y peritajes muestran abusos, manipulación informática y trabajo forzado; y los allanamientos en Myanmar entregan equipos, documentos y evidencia directa de violencia.
Las autoridades chinas describen cómo los líderes del clan imponen controles rígidos en cada nivel de la operación. Los jefes asignan metas obligatorias, ordenan castigos por bajo rendimiento y vigilan a los trabajadores con sistemas digitales que registran cada movimiento. La estructura funciona como una cadena industrial que exprime a miles de víctimas y trabajadores forzados.
La red opera como un centro masivo de llamadas fraudulentas. Los “vendedores” suplantan a autoridades para extorsionar a las víctimas; los gerentes asignan listas y controlan el rendimiento; las “mulas” lavan el dinero; y los ingenieros roban datos personales para ampliar el alcance. La ofensiva insurgente de 2023 debilita al clan, abre el camino para su captura y permite que Beijing inicie la repatriación de miles de ciudadanos explotados en estos centros de fraude.
