El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, lideró el lanzamiento de un ambicioso Operativo de Seguridad en la alcaldía Benito Juárez, con el firme propósito de atender las inquietudes de la ciudadanía y reducir los delitos de bajo y medio impacto, con un enfoque especial en el robo de autopartes.
En un evento significativo, se entregaron 71 motopatrullas a la Policía de la Ciudad de México. Este recurso, adquirido con una inversión federal que supera los 17 millones de pesos, provenientes de los intereses del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), administrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y promete fortalecer las acciones de seguridad en la demarcación.
El despliegue operativo incluirá 61 motocicletas, 23 cuatrimotos y la participación activa de 127 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con los mil 102 policías y 183 vehículos asignados a los sectores Nápoles, Del Valle, Narvarte-Álamos, Nativitas y Portales.
«Vecinas y vecinos, la plana mayor de la seguridad en la Ciudad de México está aquí en Benito Juárez para dar buenas noticias. Desde la madrugada de hoy, comienza un operativo indefinido, sin límites, para combatir diversos delitos, especialmente el robo de autopartes en esta región», expresó Batres, destacando el enfoque específico en la seguridad local.
El jefe de Gobierno subrayó los logros obtenidos en la reducción de delitos de alto impacto, como el feminicidio (-35%), homicidio (-50%), y secuestro (-80%), gracias a la labor conjunta de la SSC, la FGJCDMX, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
Además, enfatizó que el gobierno capitalino continuará la lucha contra la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, reconociendo la participación crucial de Ernestina Godoy Ramos en las investigaciones que revelaron la red de funcionarios públicos involucrados en la construcción irregular de viviendas.
Recordó la iniciativa enviada al Congreso local para reformar el Código Penal, buscando tipificar y sancionar este delito con hasta 20 años de prisión. Un compromiso claro hacia la transparencia y la justicia en la demarcación.
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