Por: Redacción
La legisladora Diana Sánchez Barrios propuso reformar la Ley de Patrimonio para otorgar reconocimiento explícito y protección a la palabra hablada.
Ciudad de México. En un esfuerzo por dignificar las expresiones culturales que han dado identidad a la capital, se presentó ante el Congreso local una iniciativa para modificar el artículo 33 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. La propuesta, impulsada por la legisladora Diana Sánchez Barrios, busca que la narración oral deje de ser una mención general y se convierta en un elemento explícitamente reconocido dentro del patrimonio cultural inmaterial. Este cambio normativo pretende no solo proteger una práctica milenaria, sino también establecer políticas públicas claras para su fomento y remuneración, reconociendo el papel histórico de las mujeres en la transmisión de la memoria colectiva.
La iniciativa se fundamenta en una perspectiva de género e interseccional, subrayando que la oralidad ha sido sostenida mayoritariamente por mujeres desde la invisibilidad y el trabajo no remunerado. Al elevar la narración oral a rango de patrimonio específico, se busca democratizar el acceso a la cultura y garantizar el derecho a la memoria en comunidades donde la voz es la principal herramienta de resistencia. Según la legisladora, esta práctica no debe verse como un vestigio del pasado, sino como una herramienta viva que fortalece el tejido social en barrios y plazas, funcionando como un acto profundamente político de identidad y comunidad.
El planteamiento destaca que, frente a la inmediatez del mundo digital, el relato hablado preserva la cosmovisión de los pueblos originarios y los saberes populares allí donde el registro escrito no siempre ha tenido alcance. La reforma a la fracción V de dicha ley permitiría que los cuentacuentos y narradores tradicionales sean vistos como guardianes de un territorio de identidad que dignifica y construye futuro. Con esta propuesta, la Ciudad de México se colocaría a la vanguardia en el reconocimiento de la justicia social cultural, otorgando valor jurídico a la voz que narra la historia del barrio, las luchas y las alegrías de sus habitantes.
