La violencia en las carreteras mexicanas dejó de ser una estadística lejana. Hoy es una experiencia recurrente para automovilistas, pasajeros y transportistas que enfrentan asaltos diarios, ataques armados y pérdidas económicas millonarias en autopistas importantes del país.
La violencia en las carreteras del país mantiene una tendencia preocupante y se ha convertido en uno de los principales focos de alerta en materia de seguridad pública. Con más de 40 asaltos diarios registrados en autopistas federales, el problema ya no se limita a hechos aislados, sino que configura un patrón sostenido que afecta a automovilistas, transportistas y a la economía nacional.
Desde el Palacio Legislativo, el diputado federal Daniel Chimal García advirtió que los asaltos con alto grado de violencia continúan pese a llamados reiterados al gobierno federal para reforzar la presencia de la Guardia Nacional en las vías de mayor riesgo. El legislador señaló que las células criminales que operan en carreteras han demostrado una capacidad de adaptación que las vuelve más difíciles de contener sin una estrategia integral.
La alerta se encendió nuevamente tras los hechos ocurridos en la autopista México–Puebla, donde en días recientes se registraron al menos tres asaltos violentos en puntos como Puente Blanco y la zona conocida como La Virgen. En esos ataques, pasajeros fueron apuñalados, golpeados y baleados, de acuerdo con reportes del propio legislador.
Más allá del impacto directo en las víctimas, la inseguridad carretera representa un golpe severo para el sector productivo. Datos del sector transporte indican que 2025 cerró con alrededor de 16 mil atracos, lo que se traduce en pérdidas económicas estimadas en más de 7 mil millones de pesos. Las afectaciones incluyen no solo el robo de mercancía, sino también la sustracción completa de unidades de carga, muchas de ellas a mano armada.
Cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) refuerzan la dimensión del problema: en 2024 se contabilizaron más de 15 mil robos a transporte asegurado, una tendencia que, según reportes preliminares de 2025, continúa al alza.
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Ante este escenario, Chimal García urgió a fortalecer los patrullajes coordinados entre Guardia Nacional y fuerzas armadas, así como a implementar tecnología avanzada de rastreo y monitoreo. También planteó la necesidad de rotar a los elementos municipales encargados de tareas de seguridad en carreteras y de avanzar hacia un modelo de colaboración público-privada que involucre a autoridades, empresas transportistas y aseguradoras.
La inseguridad en las autopistas, advirtió el legislador, no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que erosiona la confianza en las rutas que sostienen el comercio y la movilidad del país. Un problema que, cada vez con mayor claridad, exige respuestas inmediatas y coordinadas.
