Congresistas de la capital exhortaron a diversas autoridades del
Gobierno federal, así como a los titulares de las 16 alcaldías llevar
a cabo operativos en la vía pública, con el propósito de abatir el
mercado ilegal de medicamentos.
Ante el pleno del Congreso local, la diputada Guadalupe Aguilar Solache
mencionó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)
anualmente ocurren más de 700 mil defunciones en el mundo por el
consumo de fármacos ilícitos, negocio que deja una ganancia ilegal de
35 mil millones de dólares.
“Es sabido que una vez pasada la fecha de vencimiento, la mayoría de
las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunas pueden
desarrollar un perfil de reacción diferente y adversa en el
organismo”, advirtió la legisladora del grupo parlamentario de
MORENA.
En el caso de México, la congresista mencionó que la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) considera
medicinas ilegales a la producción sin el cumplimiento de la
regulación sanitaria, muestras médicas en venta y caducidad vencida.
Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica la
falsificación de fármacos y su comercio ilegal dejan al crimen
organizado ganancias por más de 11 mil millones de pesos anuales, por
lo que México ocupa el sexto lugar en la venta de esos productos por
debajo de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.
De igual manera, mencionó que de acuerdo con expertos de la UNAM el
consumo de medicamentos caducos, apócrifos o que no son conservados con
las medidas adecuadas “pone severamente en riesgo la salud de las
personas”.
Hizo ver que estadísticas oficiales revelan que las entidades donde
mayor cantidad de producto apócrifo y hurtado fue comercializado en la
Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Puebla, Chiapas, Veracruz
y Guanajuato, entre otras.
Por lo anterior, urgió al pleno del Congreso de la Ciudad de México
implementar acciones inmediatas que permitan garantizar el derecho
humano a la salud.
El exhorto fue para la Cofepris, la Fiscalía General de la República;
la Procuraduría Federal del Consumidor; el Servicio de Administración
Tributaria; y las 16 alcaldías.
