Por: Redacción
El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez presentó una iniciativa para que plataformas digitales implementen verificación de edad y autorización parental.
Ciudad de México. Con el objetivo de subsanar el vacío legal en el entorno digital, se presentó ante el Congreso una iniciativa integral que busca reformar las leyes federales de Telecomunicaciones, de Protección al Consumidor y la General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta, impulsada por el legislador Ernesto Sánchez Rodríguez, plantea establecer mecanismos obligatorios de verificación de edad y validación de autorización parental para la apertura de cuentas en redes sociales por parte de menores de 18 años. Esta medida no pretende regular contenidos ni limitar la libertad de expresión, sino garantizar que el acceso tecnológico ocurra bajo un esquema de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las empresas digitales.
El proyecto legislativo introduce un modelo donde las plataformas asumen la responsabilidad técnica de supervisar el ingreso de usuarios menores, tratándolos como consumidores que merecen protección específica frente a riesgos como el acoso o la trata de personas. La diputada Laura Álvarez Soto, quien se sumó a la iniciativa, señaló que la ausencia de reglas claras representa un abandono institucional que deja a la infancia vulnerable ante entornos que avanzan más rápido que la ley. La reforma propone que las cuentas utilizadas por menores cuenten con la supervisión de padres o tutores, fortaleciendo el papel de la familia como guía en el desarrollo digital sin invadir la privacidad de los jóvenes.
La propuesta también contempla figuras jurídicas para atender casos graves de negligencia u omisión en el deber de cuidado, sin que esto signifique una criminalización de las familias, sino un refuerzo al principio del interés superior de la niñez establecido en la Constitución. Al basarse en la Convención sobre los Derechos del Niño, la iniciativa busca que México transite hacia una regulación digital moderna que entienda a la tecnología como una herramienta extraordinaria, pero que reconozca los espacios de riesgo existentes cuando no hay supervisión efectiva. De aprobarse, las empresas del sector deberán actualizar sus interfaces para incluir filtros de validación más robustos y transparentes.
