Por: Redacción
La Cámara de Diputados oficializa el límite a pensiones públicas; ninguna podrá superar el 50% del salario presidencial, incluyendo jubilaciones ya otorgadas.
Ciudad de México.- En un paso definitivo hacia la consolidación de la política de austeridad republicana, la Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 127 constitucional. Con el respaldo de 20 legislaturas estatales, la Mesa Directiva —encabezada por Kenia López Rabadán— confirmó que el Estado mexicano contará con un marco jurídico estricto para evitar jubilaciones desproporcionadas en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos.
La esencia de la reforma radica en un tope financiero infranqueable: las jubilaciones o pensiones del personal de confianza de entes paraestatales, federales o municipales, no podrán exceder el 50% de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal. Este límite no solo aplica para futuros beneficiarios, sino que el régimen transitorio obliga a realizar un ajuste inmediato de las pensiones vigentes que superen dicho monto, garantizando que ninguna disposición contractual se sitúe por encima de la Constitución.
Un aspecto relevante de la reforma es la actualización del lenguaje institucional. El texto sustituye términos tradicionales por expresiones inclusivas como “persona titular del Ejecutivo Federal” y “persona servidora pública”. No obstante, la normativa establece excepciones claras: quedan fuera de este límite las Fuerzas Armadas, las pensiones basadas en aportaciones voluntarias, los sistemas de ahorro sindicales y la pensión no contributiva para adultos mayores establecida en el artículo 4º constitucional.
El decreto impone un plazo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales adecuen sus marcos jurídicos. Además, se especifica que esta transición no autorizará ampliaciones presupuestarias; cualquier gasto derivado de la implementación deberá ser absorbido por los presupuestos ya aprobados de las dependencias. Por otro lado, los haberes de retiro otorgados bajo marcos previos se conservarán íntegros, respetando los derechos reconocidos antes de la entrada en vigor.
Con esta declaratoria, el proyecto se remite al Senado para sus efectos constitucionales. La medida busca terminar con la disparidad entre las altas jerarquías de las empresas del Estado y la realidad económica del país, alineando las prestaciones de retiro con un principio de equidad presupuestaria que prohíbe el incremento de gasto operativo para estos fines en ejercicios fiscales subsecuentes.
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