Por: Gilberto Solorza
El 21 de agosto de 2025, un ataque con carro bomba sacudió a la ciudad de Cali y reabrió un debate que parecía superado: el posible regreso del terrorismo en Colombia. El atentado ocurrió en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde un vehículo cargado con explosivos se estrelló y detonó, dejando un saldo de al menos siete muertos y 77 heridos.
Un segundo camión, cargado con cilindros bomba, fue detectado y desactivado antes de que pudiera causar otra tragedia. La magnitud del hecho obligó al Gobierno a militarizar la ciudad, reforzar la seguridad en instalaciones estratégicas y ofrecer recompensas millonarias para dar con los responsables.
Disidencias de las FARC y su rol actual
El presidente Gustavo Petro responsabilizó del ataque a estructuras del Estado Mayor Central (EMC), entre ellas el frente Carlos Patiño y la columna Jaime Martínez, organizaciones que han sido vinculadas directamente con el narcotráfico y con operaciones de control territorial en el suroccidente del país.
De acuerdo con las autoridades, estas facciones actúan bajo la coordinación de una llamada “junta del narcotráfico”, instancia informal que agrupa a mandos medios de las disidencias y que se encarga de dirigir operaciones armadas para intimidar a la población y reafirmar su presencia en zonas estratégicas.
La captura de dos presuntos responsables, identificados como alias Sebastián y Mono, permitió a los organismos de seguridad afirmar que el ataque estuvo planeado con antelación y que formaba parte de una estrategia para enviar un mensaje de poder frente a la presión militar. Ambos capturados se encuentran ya en proceso judicial.
El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia son actualmente las dos estructuras disidentes más grandes que nacieron tras el rechazo de un sector de excombatientes al Acuerdo de Paz firmado en 2016. Mientras el EMC se ha fortalecido en regiones del sur y occidente del país, la Segunda Marquetalia opera en corredores estratégicos vinculados al narcotráfico y mantiene alianzas con bandas criminales.
Aunque algunas facciones de estas disidencias han mostrado disposición a dialogar, el gobierno ha señalado que no puede haber conversaciones mientras se mantengan los ataques contra la población civil. Petro ha insistido en que estos grupos, junto con el Clan del Golfo, son organizaciones terroristas responsables de una violencia que perpetúa la inestabilidad en varias regiones del país.
La posición de Comunes
En medio de este escenario, el partido Comunes, surgido tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, reiteró su rechazo absoluto a los ataques armados. La colectividad —que obtuvo representación política mediante los escaños reservados en el Congreso— ha insistido en que las armas no son un camino legítimo y que el único espacio válido para la transformación social es el democrático.
Desde su creación, Comunes ha buscado diferenciarse de las disidencias, señalando que quienes retomaron las armas traicionaron los compromisos asumidos en el acuerdo de paz. En sus comunicados, el partido ha destacado la necesidad de implementar a cabalidad los puntos pactados en La Habana, fortalecer los procesos de verdad y reparación, y garantizar la no repetición de la violencia.
Para esta colectividad, actos como el de Cali representan un retroceso en la construcción de una paz estable y duradera, y ponen en riesgo la confianza de la ciudadanía en los procesos de reconciliación.
¿Qué es terrorismo?
El ataque en Cali reabre también la discusión sobre qué puede catalogarse como terrorismo. En términos generales, se considera terrorismo todo acto violento que busca sembrar miedo generalizado en la población civil y que persigue un objetivo político, ideológico o de control territorial.
El uso de explosivos en áreas urbanas, el ataque contra instalaciones estatales en presencia de civiles y la intención de enviar un mensaje de poder más allá del daño material son elementos que encajan dentro de esta definición. Es por ello que hechos como el ocurrido en Cali no solo se leen como actos criminales, sino como atentados terroristas que pretenden alterar el orden público y afectar la confianza en el Estado.
