Un laberinto Guanajuato
!Todo es Salamanca!: La reciente masacre en un campo de fútbol en este municipio, que el pasado 25 de enero de 2026 dejó un saldo trágico de 11 personas fallecidas y más de una decena de heridos abre una herida que nunca terminó de sanar en el Bajío ante la magnitud de la tragedia, donde las balas alcanzaron a músicos y deportistas por igual, surgió de nuevo la interrogante sobre si Guanajuato cruzó el umbral del «Estado fallido».
No obstante, la categoría académica de Estado fallido implica la ausencia total de instituciones, un vacío de poder que no se refleja plenamente en la entidad sino lo que se observa es una crisis de gobernabilidad y una vulnerabilidad institucional donde Guanajuato perdió el monopolio de la fuerza en zonas específicas, permitiendo que grupos criminales impongan su propia ley a través del terror. La recurrencia de estos actos atroces sugiere que, si bien las instituciones existen y operan, su capacidad de protección ciudadana fue rebasada por la dinámica de una violencia que se regenera más rápido de lo que las autoridades pueden contener.
¿Culpables?: La responsabilidad institucional en la entidad recae actualmente en Juan Mauro González Martínez, quien se desempeña como secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato quien fue designado bajo la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quién asumió el reto de transformar una estrategia que durante años fue duramente criticada por su falta de resultados tangibles.
Con un perfil que busca transitar de la mera reacción policial a una inteligencia más operativa, el secretario se encuentra bajo el escrutinio público permanente. Su gestión está marcada por la necesidad de desmarcarse del pasado inmediato y ofrecer una narrativa de control en un territorio donde las masacres en espacios públicos son lamentablemente, una noticia recurrente que desafía todo discurso de pacificación.
¿Gto aislado?: La coordinación entre el secretario de Seguridad de Guanajuato y el Gobierno Federal experimenta un giro significativo frente a los años de confrontación política previa. Actualmente, esta relación se articula a través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, donde participan activamente la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional como Seguridad y Protección Ciudadana.
El esquema se basa en una regionalización operativa y el intercambio de inteligencia para atacar las «causas penales», buscando que las detenciones se traduzcan en sentencias firmes. Existe una colaboración estrecha para el despliegue de fuerzas especiales en los municipios con mayor incidencia, como el referido Salamanca, Celaya e Irapuato. Sin embargo, esta coordinación técnica a menudo choca con la realidad operativa en el terreno, donde la velocidad de respuesta de las fuerzas federales y la soberanía estatal a veces generan vacíos que el crimen organizado aprovecha con precisión quirúrgica.
¿Soluciones?: A pesar de los esfuerzos de coordinación, las estrategias para desactivar a las organizaciones en disputa, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), siguen mostrando fallas estructurales. Una causa es la profunda atomización de los grupos criminales; cuando una cabeza es capturada o eliminada, surgen células menores, a menudo más violentas y menos predecibles, que continúan la lucha por el control del mercado de hidrocarburos, la extorsión y el narcomenudeo.
Además, estas organizaciones lograron penetrar el tejido social y económico a través de redes de corrupción en niveles municipales, lo que les proporciona una capa de blindaje informativo y logístico. La estrategia falla también porque se concentra en el estado de fuerza y no en el desmantelamiento de las estructuras financieras y de protección política que permiten a estos carteles seguir operando. Mientras la disputa por «la plaza» siga siendo altamente rentable y el costo de ejercer la violencia sea bajo debido a la impunidad persistente en el sistema judicial, cualquier despliegue de las fuerzas estatales y federales será solo un paliativo temporal frente a una guerra que se alimenta de la descomposición local.
Continuarán los gobiernos albiazules como sucede desde 1995 de manera ininterrumpida cuando Vicente Fox derrotó a Ignacio Vázquez Torres y llegará una posible alternancia en el 2030 pero la entidad bajo el actual esquema de seguridad seguirá sumida en sus desorientadas Mesas de Construcción de Paz y Seguridad
