Ecuador ¿isla de narcopaz?

Proceso: La vieja etiqueta de «isla de paz» que durante décadas blindó a Ecuador ha quedado reducida a cenizas. El país se encuentra inmerso en una guerra asimétrica, marcada por la incursión de tácticas antes reservadas a escenarios de conflicto abierto.

La aparición de coches bomba en ciudades clave como Quito y Guayaquil es la prueba más tangible de esta mutación, el crimen organizado local ha cruzado la frontera hacia el narcoterrorismo, usando estos atentados como mecanismos de presión e intimidación directa contra el Estado y la sociedad. Detrás de la explosión material y la ola de asesinatos que desangra el país, se encuentran los sicarios ecuatorianos, que han evolucionado de pandillas carcelarias a complejos ejércitos urbanos.

Bandas como Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers actúan como subcontratistas vitales para el crimen transnacional. Reclutados en la pobreza y entrenados en un sistema penitenciario colapsado, estos jóvenes proveen la mano de obra para sembrar el pánico y ejecutar la logística interna, demostrando una capacidad operativa que imita las épocas más violentas de la región.

Vigilante: Esta escalada tiene un solo motor, el capital y la demanda de los carteles mexicanos. Ecuador ha cedido su soberanía criminal, transformándose en la plataforma logística preferida para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Dos gigantes dominan este tablero: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Mientras el primero se ha aliado históricamente con facciones consolidadas, el CJNG ha irrumpido con fuerza, asociándose con disidencias como Los Lobos para disputar el control de los puertos cruciales de Guayaquil y Esmeraldas. Ecuador, con su economía dolarizada y fronteras porosas, es el hub perfecto donde los carteles mexicanos aportan las armas de alto calibre y el dinero, y las bandas locales aportan el territorio y los muertos.

La respuesta estatal, sin embargo, se encuentra paralizada por la desconfianza. Estados Unidos ha puesto el foco sobre las élites ecuatorianas con la figura de los «narcogenerales,» retirando visados a altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como a jueces y fiscales. Esta sanción política inmediata señala una profunda penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.

Aunque las acusaciones judiciales formales son lentas, el señalamiento de Washington se extiende a la política, poniendo bajo la lupa a varios exfuncionarios gubernamentales por sospechas de corrupción y permisividad que facilitaron el asentamiento de los carteles. En esencia, la narcopolítica mantiene en vilo a la cúpula del país, evidenciando que la crisis de seguridad es, fundamentalmente, una crisis institucional de alcance transnacional.