¡Amparo y va!

Justicia: El concepto de “interés legítimo” en la reforma a la Ley de Amparo, que minimiza la posibilidad que colectivos y particulares presenten amparos, es uno de los puntos más controversiales en las audiencias públicas que organizó Morena en el Senado.

El ex magistrado Juan Pablo Gómez Fierro explicó que el interés legítimo es el principal mecanismo encontrado para la protección de derechos colectivos. “Esta reforma introduce dos elementos que generan preocupación: uno, que no existe en la jurisprudencia, que supone que el beneficio deba ser directo para efecto de que pueda actualizarse este interés legítimo.

Y el otro, es que el beneficio que no pueda ser eventual o hipotético”, planteó. “De alguna manera, reduce el aspecto o el ámbito de legitimación de los particulares, y lo más preocupante, es que a quien afecta esto no es a la gente de más recursos, sino a la gente de menores recursos que no tiene la posibilidad de acudir a un juicio de amparo”.

Por su parte Luisa Fernanda Tello, advirtió que con la reforma la figura del amparo se debilita y limita los conceptos del interés legítimo, de la suspensión provisional y los medios para el cumplimiento de las sentencias, puesto que para las organizaciones civiles la defensa de los derechos colectivos es prioridad y con los cambios a la norma se retrocede en lugar de avanzar.

El consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República, Raúl Armando Jiménez Vázquez, consideró que la reforma es estratégica y moderna, amén de que se alinea con los criterios estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que facilita el acceso a la justicia a los que menos tienen. La litigante Georgina Velasco Zanella agradeció el hecho que la reforma incluya la digitalización del amparo.

El magistrado de circuito en materia penal, Ricardo Paredes Calderón, afirmó que el proyecto de iniciativa fortalece el juicio de amparo; sin embargo, dijo que no se debía limitar el interés legítimo, ni incluir requisitos para la procedencia de la suspensión, ya que es un retroceso en perjuicio de los gobernados, además de que las autoridades podrían violar derechos humanos y tratados internacionales. El académico de la UNAM, César Silva Mejía, sostuvo que la reforma no perjudica los derechos humanos de los gobernantes, pero sí revierte el “enriquecimiento desmedido” de unos pocos bajo normas “ad hoc”, por ello es que son los empresarios los primeros quejosos de la propuesta de reforma a la Ley de Amparo.

Entre otras cosas: Ante la falta de acuerdos en el congreso de EU, el gobierno de Trump cerró sus operaciones y quedará limitado a solamente dar servicios de seguridad y operaciones esenciales. El Senado no logró aprobar ninguna de las dos propuestas de financiamiento del gobierno federal, una republicana y otra demócrata, por lo que a partir de las 12:01 de este 1 de octubre cierra el gobierno del presidente Donald Trump todas sus operaciones.

Significa que el gobierno mantiene en operación servicios esenciales, según la Ley Antideficit, debido a que las agencias no pueden gastar fondos que no hayan sido aprobados por el Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista, reportó que el cierre afectará a 750,000 empleados federales. “El costo diario total de sus salarios ascendería a unos $400 millones de dólares”, dijo la CBO. Todas las oficinas de gobierno no consideradas esenciales cierran, esto incluye parques nacionales, los museos y otros servicios públicos, además de trámites migratorios. Los programas de gasto obligatorio, como la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y los intereses de la deuda continuarán.

El Servicio Postal podría funcionar, debido a que tiene autofinanciamiento, pero hay otras agencias que priorizarán los servicios esenciales, como el control del tráfico aéreo, los controles de seguridad de la TSA, la seguridad fronteriza y ciertas funciones de seguridad pública. Todas operarán con capacidad reducida. Los empleados federales que tengan que trabajar no recibirán salario, sino hasta que se restablezca el gobierno. La presidenta de BOLD PAC, el brazo electoral del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Linda Sánchez, advirtió de las afectaciones a familias latinas.

“Los republicanos controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, y en lugar de hacer su trabajo, huyeron de la ciudad y paralizaron Washington para vender los servicios de salud de los estadounidenses a cambio de dádivas para los multimillonarios”, dijo Sánchez. La congresista enlista parte de las afectaciones en servicios federales, incluso para los veteranos. “Las familias latinas, los veteranos, pequeños empresarios y los trabajadores federales en todo el país sentirán de inmediato este caos: desde cheques de pago retenidos hasta la pérdida a largo plazo de servicios de salud mientras los costos se disparan y los hospitales cierran”, advirtió.

“Seguiremos luchando para mantener el gobierno abierto porque los estadounidenses no son peones en un juego que los republicanos de la Cámara quieren usar para avanzar su agenda política”. La suspensión del cierre terminará cuando el Congreso apruebe un plan de financiamiento y sea firmado por el presidente Trump.