Jornada notarial política
Es Rosa Isela: La titular de la Secretaría de Gobernación y futura gobernadora San Luis Potosí Rosa Isela Rodríguez Velázquez, encabezó la vigésima tercera edición de la campaña Septiembre, Mes del Testamento, con el lema, “Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz”.
Durante el acto realizado en el recinto de Bucareli y acompañada por el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas, la funcionaria federal recalcó que de esta forma se da certeza jurídica al patrimonio de cada persona y se evita que el trabajo de toda una vida se convierta en factor de disputas. Definió el testamento como un instrumento para la construcción de la paz.
Actualmente, explicó, “uno de los motivos más frecuentes de división familiar y social es la incertidumbre jurídica sobre su patrimonio. Un conflicto por una herencia no resuelta puede deteriorar o fracturar las relaciones en las familias”. Por eso, subrayó, “vemos esta campaña como una herramienta de prevención que genera bienestar en las familias mexicanas y a la sociedad en su conjunto.
El objetivo es claro y medible: que cada vez más mexicanas y mexicanos accedan a un mecanismo legal para heredar tranquilidad y no problemas a sus seres queridos”. Rodríguez Velázquez señaló que quienes deseen participar en esta campaña sólo necesitan que una persona mayor de edad acuda a la notaría de su elección con una identificación oficial y manifestar su voluntad; “así de simple”, expresó.
Detalló que hasta mediados de agosto de 2025 se contaba con más de 7.5 millones de avisos en el Registro Nacional de Avisos de Testamento, de los que la mitad se realiza en el marco de la campaña anual. La dependencia federal expuso mediante un comunicado que durante el presente mes las notarías ampliarán sus horarios de atención, e incluso ofrecen servicio los sábados para facilitar este trámite. Tal vez la titular de Segob no sea la institucional 24 x 24 como sus antecesores Manuel Bartlett o Fernando Gutiérrez Barrios pero si depositaria desconfianza de la presidenta Claudia Sheinbaum
Entre otras cosas: En los últimos 12 meses, el gobierno federal determinó amnistiar a 479 personas privadas de la libertad, de las cuales 411 están en proceso de ser liberadas y el resto están en revisión del Poder Judicial, destaca un documento enviado al Senado por la Secretaría de Gobernación.
El Informe 2025 de la Comisión de Amnistía detalla que entre los propuestos para obtener el perdón y salir de prisión hay 44 indígenas y 35 ciudadanos extranjeros que estaban recluidos en penales de Sinaloa, Ciudad de México y Chiapas. La mayoría de los 411 obtuvieron el beneficio que les permitirá recobrar la libertad y sus derechos políticos y civiles por ser población en situación de pobreza y vulnerabilidad; 11 por discapacidad permanente, 10 por delinquir bajo indicación, seis por robo simple sin violencia, cinco por discriminación, dos por consumo de drogas y uno por verse obligado a cometer un ilícito por grupos de la delincuencia organizada.
Del total de 479 reclusos que el gobierno federal considera que deben ser amnistiados, 444 son mexicanos, y los demás, de otras nacionalidades. Hay 12 ecuatorianos, 10 colombianos, ocho guatemaltecos, dos peruanos, un salvadoreño, otro de Honduras y un ciudadano de Estados Unidos.
Asimismo, de los indultos concedidos por el gobierno federal entre agosto de 2024 y el mes pasado, 159 son mujeres, 319 son hombres y una persona pertenece a la diversidad sexual. En el informe 2025 se precisa que los 68 casos de ese periodo que no fueron avalados por el Poder Judicial pasan por distintas etapas: 45 fueron considerados no legales, es decir rechazados; nueve están pendientes de calificación por los jueces; 11 quedaron sin materia, y tres no pudieron ser dictaminados por falta de parámetros suficientes.
Agrega que la secretaría técnica de la Comisión de Amnistía vigilará que se libere de inmediato a los 411 calificados de legales. Por lo que respecta a aquellos a los que se negó la excarcelación, presentó ya 42 recursos de apelación ante la autoridad judicial a fin de que sean amnistiados y recuperen su libertad. El informe precisa que desde 2020, cuando entró en vigor la nueva Ley de Amnistía, se recibieron 2 mil 391 solicitudes para obtener ese beneficio y sólo quedan pendientes de resolver 275.
Entre estas últimas, 214 están en análisis, 52 en reserva por falta de información y nueve fueron turnadas a instancias de las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, debido a que se vinculan con solicitudes de preliberación o casos de tortura. Se hace notar en el documento que no se ha recibido ninguna solicitud de amnistía de personas presas por aborto o sedición.
