Así lo dice La Mont

«No a la ciudadanía para indocumentados»: Trump

Por: Federico La Mont

Su propuesta: El presidente Donald Trump pedirá a la Corte Suprema que resuelva sobre la constitucionalidad de su orden contra la ciudadanía por nacimiento, tema que quedó sobre la mesa el pasado 27 de junio tras la decisión parcial del Tribunal Supremo que favoreció a Trump. Solicitará a la Corte Suprema, a través de un recurso de certiorari, que revise la constitucionalidad de la orden que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados.

“A la luz de la decisión del Noveno Circuito, los demandados declaran que el procurador general planea solicitar un certiorari con prontitud para que el Tribunal Supremo resuelva la legalidad de la orden de ciudadanía en el próximo período, pero aún no determina qué caso o combinación de casos presentará ante el tribunal”, se lee en parte del informe de situación conjunto sometido, este miércoles ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.

Abogados del Departamento de Justicia informaron al juez federal de Seattle, John C. Coughenour, sobre sus planes como parte de la actualización que ordenó el tribunal sobre la impugnación del decreto ejecutivo. A finales de julio, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EU confirmó el fallo del juez que bloqueaba la instrumentación de la orden a nivel nacional.

El objetivo de Trump es obligar a la Corte Suprema a que atienda el asunto que no resolvió en su decisión de junio pasado, donde determinó devolver los casos que impugnan la orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump a los tribunales inferiores. Sin embargo, no se pronunció sobre si el intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento es o no constitucional. En otras palabras, si viola o no la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal la cual establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los EU son ciudadanos y tienen derecho a la igualdad de protección ante la ley, sin importar su raza o lugar de nacimiento.

Un reporte de CNN resalta que, si el tribunal accede a debatir esta disputa, una decisión podría emitirse a mediados de 2026. En el documento ante el juez Coughenour se indica que el informe fue presentado por las partes de conformidad con la orden judicial del tribunal del 7 de febrero pasado. El tribunal emitió una orden judicial preliminar el 6 de febrero de 2025, prohibiendo a los demandados aplicar la orden ejecutiva titulada “Protección del Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense a nivel nacional”, señala el escrito. “Los demandados apelaron la orden judicial preliminar y solicitaron suspensiones parciales de la misma, ante este tribunal, el Noveno Circuito y la Corte Suprema.

Tras la decisión de la Corte Suprema sobre la solicitud de suspensión parcial de los demandados, el Noveno Circuito solicitó información complementaria, la cual fue presentada por las partes. El 23 de julio de 2025, el Noveno Circuito emitió su dictamen, confirmando la orden preliminar de este tribunal”, añade el texto.

Las partes agregan que presentarán un informe adicional a la Corte Suprema una vez que finalicen los procedimientos de apelación. “Dado que los demandados están considerando actualmente la posibilidad de solicitar una revisión adicional de la orden judicial preliminar de este tribunal, las partes proponen actualizar al tribunal mediante un informe de situación adicional cuando concluyan dichos procedimientos de apelación, o mediante una moción apropiada si determinan que son necesarios más procedimientos ante este tribunal”, puntualizan.

Reacción: Varios tribunales federales bloquearon la orden de Trump, al tiempo que los jueces emitieron fallos que impiden la operación del decreto. El argumento central es que se estaría violando la cláusula sobre la ciudadanía contenida en la Decimocuarta Enmienda. La decisión del pasado 23 de julio del Noveno Circuito fue la primera en la que un tribunal de apelaciones concluye que la política es inconstitucional.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EU en Boston podría emitir una decisión afín próximamente, en respuesta a varios casos en los que tribunales en New Hampshire y Massachusetts establecieron que la orden de Trump viola la Constitución. Lo que significa el “Timeline” judicial de la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento.

De acuerdo con la línea de tiempo desarrollada por la organización APIAVote sobre la orden contra la ciudadanía por nacimiento, en febrero, tres jueces federales de distrito en Washington (Washington v. Trump), Maryland (CASA v. Trump) y Massachusetts (Nueva Jersey v. Trump) emitieron por separado medidas cautelares universales que impiden que la orden entre en vigor a nivel nacional hasta que se resuelvan las demandas.

El 10 de febrero, un juez de distrito en Nuevo Hampshire emitió por separado una medida cautelar que protege únicamente a los demandantes involucrados en el caso New Hampshire Indonesian Community Support v. Trump. El 13 de marzo, el gobierno federal solicitó a la Corte Suprema que limitara las tres medidas cautelares universales para que se aplicaran únicamente a los demandantes específicos en los recursos legales y se permitiera que las agencias gubernamentales continuaran planificando la instrumentación de la orden ejecutiva.

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La Corte Suprema consolidó los tres casos (Trump v. CASA) y accedió a escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares universales y el 15 de mayo, la Corte Suprema escuchó los alegatos sobre esas medidas.

El 27 de junio, la Corte Suprema dictaminó que limitaba la facultad de los tribunales federales de distrito para emitir medidas cautelares universales que impidan la entrada en vigor de políticas en todo el país. Sin embargo, esa decisión parcial no entró en los méritos de si la orden de la ciudadanía por nacimiento es constitucional o no. La corte decidió que las medidas cautelares debían limitarse a los demandantes específicos involucrados en el caso.

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