Hambre y deportaciones
¿Vs Trump?: Una coalición de 20 fiscales generales estatales presentó el lunes una demanda impugnando la exigencia del gobierno de Donald Trump que sus estados entreguen datos personales de personas inscritas en un programa de asistencia alimentaria patrocinado con fondos federales, por temor a que la información se utilice para ayudar a las deportaciones masivas.
La solicitud de datos surge en un momento en que la administración Trump busca recopilar información privada, principalmente sobre personas de bajos ingresos que podrían estar en el país sin documentos. Ya ordenó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CDS) que compartan información privada con el Departamento de Seguridad Nacional para contribuir a las deportaciones. El Departamento de Agricultura de EU informó a los estados, la semana pasada, que tenían hasta el miércoles para entregar los datos de las personas inscritas en su Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que atiende a más de 42 millones de personas en todo el país. El USDA afirmó que los datos le ayudarán a combatir el desperdicio, el fraude y el abuso.
La demanda de los estados busca una orden judicial para bloquear la transferencia de datos. Mientras tanto, los fiscales generales estatales en la demanda contra SNAP afirmaron que no divulgarán lo que consideran información privada de los destinatarios, como su estatus migratorio, fechas de nacimiento y domicilios particulares, por considerar que constituiría una violación de las leyes de privacidad. “Es una estrategia engañosa de la peor calaña”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa, donde anunció la demanda. “Los beneficiarios del SNAP proporcionaron esta información para obtener ayuda para alimentar a sus familias, no para ser incluidos en una base de datos de vigilancia del gobierno ni para ser utilizados como blanco de la inhumana agenda migratoria del presidente”.
Evolución: En mayo, el Departamento de Agricultura anunció que solicitaba los datos como parte de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para obtener información de los programas estatales y así ayudar a erradicar el fraude y el despilfarro. “Durante años, este programa funcionó en piloto automático, sin que el USDA tenga acceso a datos en tiempo real” declaró la secretaria del USDA, Brooke L. Rollins. Los funcionarios del USDA rechazaron una solicitud de comentarios sobre la demanda. El USDA no mencionó la aplicación de medidas migratorias en el anuncio ni en avisos posteriores.
No está claro por qué los funcionarios del USDA creen que los datos ayudarán a erradicar el fraude y el abuso. La agencia afirma que el programa ya es uno de los sistemas de control de calidad más rigurosos del gobierno federal. Los defensores de los derechos de los inmigrantes señalaron que la administración Trump empleó el mismo argumento para obtener otros datos confidenciales, solo para admitir posteriormente que utilizaría dicha información para mejorar sus operaciones de deportación. Funcionarios de la administración Trump, por ejemplo, inicialmente afirmaron que buscaban datos estatales de Medicaid para combatir el fraude. La semana pasada, un alto funcionario de inmigración admitió que utilizarían esa misma información para localizar inmigrantes.
