Seguridad e Inteligencia
Tiempos: La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) once reformas legales y nuevas leyes aprobadas por Morena y sus partidos aliados en el Congreso, durante el reciente periodo extraordinario de sesiones.
Con ello, empezarán a correr los plazos para instrumentar los múltiples cambios contenidos en estas normas, así como el plazo de treinta días para que las minorías en el Congreso, o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promuevan acciones de inconstitucionalidad, que a partir de septiembre resolverán los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que inicia el lunes 1° de septiembre.
Dos leyes son nuevas, pero reemplazan a otras que ya existían: la Guardia Nacional (GN) ya como un cuerpo de las Fuerzas Armadas, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Una novedad de la Ley de la GN es que este cuerpo no requerirá orden judicial para solicitar a concesionarios de telecomunicaciones la geolocalización en tiempo real de dispositivos relacionados con delitos, así como los datos conservados de las comunicaciones respectivas.
También se permite a los miembros de la GN solicitar licencia para contender por puestos de elección popular, opción que ya existía para los demás integrantes de las Fuerzas Armadas. Totalmente nueva, en cambio, es la Ley Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que da amplias facultades al Centro Nacional de Investigación (CNI) para desplegar una Plataforma Central de Inteligencia (PCI) que estará interconectada prácticamente con cualquier sistema de información, público o privado.
El CNI tendrá 180 días hábiles para instalarse y ubicarse en la plataforma PCI. La presidenta también publicó la nueva ley Federal de Competencia Económica, y en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que reemplazan a las que expidió el expresidente Enrique Peña Nieto. Estas leyes concretarán la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como órganos autónomos, para devolver sus funciones al Ejecutivo, por medio de un órgano desconcentrado denominado Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) -similar a la antigua Cofetel- y de un descentralizado que se llamará Comisión Nacional Antimonopolios (CNA). Todos los integrantes de estas comisiones serán nombrados por Claudia Sheinbaum, con ratificación de mayoría simple en el Senado o la Comisión Permanente.
Reservas: Especialistas destacaron un aspecto que es contrario a los transitorios de la reforma Constitucional de diciembre pasado, que estableció que el IFT y la Cofece desaparecerían seis meses después de la entrada en vigor de las leyes secundarias. Pero estas últimas ordenan extinguir a los órganos autónomos en cuanto queden integradas las nuevas comisiones, lo que puede ocurrir en asunto de semanas.
También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con la que desaparece la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), cuyas funciones asumirá la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). La Conamer se extinguirá en treinta días hábiles. Esta ley permitirá al gobierno evitar la consulta pública de múltiples regulaciones que actualmente tienen que ser difundidas antes de ser publicadas en el DOF. Por otra parte, todas las dependencias federales tendrán 90 días hábiles para traspasar a la ATDT sus centros de atención telefónica, para crear el Centro de Atención del Bienestar de la Administración Pública Federal.
Otra reforma que entrará en vigor es la que busca fortalecer al combate a la desaparición de personas, que establece una Plataforma Única de Identidad (PUI) como fuente primaria de consulta permanente y en tiempo real de datos sobre personas reportadas como no localizables. Aquí se prevén cambios para convertir a la CURP con huellas digitales y fotografía en “el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”, y estará disponible en formato físico y digital. Las personas podrán dar su autorización para que sus datos biométricos que ya constan en otras plataformas de Gobierno, como las del SAT o de pasaportes, se trasladen a la Secretaría de Gobernación (Segob) para su CURP, y si se niegan, tendrán que ir a módulos para registrarlos.
Segob tendrá cuatro meses para desarrollar el programa de integración de los datos biométricos para las CURP de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, se publicaron las reformas para aterrizar la desaparición del Coneval, cuyas funciones de evaluación de la política social pasarán al Inegi; en materia de lavado de dinero; ferroviaria, para reforzar el despliegue de trenes propiedad del gobierno que ya venía del sexenio anterior, y a la Ley General de Vida Silvestre, para prohibir al uso de mamíferos marinos en espectáculos.
