Así lo dice La Mont

Asunto de Soberanía

Enviados: El embajador que Donald Trump designó para Canadá es Pete Hoekstra. En su audiencia de confirmación en la Cámara Alta, el senador Chris Coons, demócrata por Delaware, le preguntó a Hoekstra si estaba de acuerdo en que Canadá es un estado soberano y no debería ser referido ni siquiera en broma, como el estado número 51 de los Estados Unidos, a pesar de que Trump insiste en que Canadá se beneficiaría como el nuevo estado miembro de Estados Unidos.

“Canadá es un estado soberano, sí”, respondió Hoekstra. Sin embargo, Trump sigue afirmando que Canadá es uno de los países que se aprovechan de Estados Unidos. También sigue diciendo en sus conferencias de prensa: “No necesitamos sus autos. No necesitamos su energía. No necesitamos su madera”, dijo Trump. “Como estado, sería uno de los grandes estados de la Unión Americana”. Innecesariamente, Trump irritó a los canadienses al insistir en que su país se convierta en el estado número 51.

Ahora, ambas naciones están enfrascados en una guerra comercial iniciada por Trump tras imponer aranceles al aluminio, el acero y otros productos importados de Canadá y en respuesta, Canadá está aumentando los aranceles sobre diversas importaciones estadounidenses. Hoekstra es un ex congresista de Michigan que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en los Países Bajos, durante el primer mandato de Trump. En su declaración inaugural, Hoekstra afirmó que, como originario de Michigan, “siento un aprecio especial por Canadá, como vecino”. Añadió que 36 estados de Estados Unidos, consideran a Canadá su principal socio comercial. Hoekstra no la tendrá fácil en Canadá.

Entre otras cosas: Trump apenas cumplió sus primeros dos meses en el gobierno y ya desató una guerra comercial global, obsesionado con la idea de que el mundo debe pagar una cuota si quiere vender sus productos y servicios a los consumidores estadunidenses. Agredió a China con un paquete de aranceles, a la Unión Europea, a Canadá y a México. Y le respondieron en la misma forma, excepto México.

La mesura de la presidenta Sheinbaum tiene su razón de ser, porque no se trata sólo de aranceles, están en riesgo las remesas que nuestros paisanos envían a sus familias, que suman un billón de pesos cada año, 6 billones de pesos en su sexenio de Sheinbaum. Sin su contribución la economía de México se iría a pique. Pero independientemente de eso, fue una mala jugada de Trump señalar a Claudia en su última conversación telefónica que suspendería la aplicación de aranceles hasta el 2 de abril, cuando presentará su paquete global, pero le mintió.

Este martes anunció un arancel de 25 por ciento a las exportaciones de acero y aluminio de todos los países, incluyendo a México. Eso afectará económicamente a México. La presidenta dijo que esperará al 2 de abril y se reunirá con los exportadores mexicanos. Después de esa fecha verá si nuestro país entra a la guerra comercial con Trump. Cabeza fría por lo pronto, ya vendrán los días de corazón caliente. En otro tema, Trump solicitó a la Corte Suprema que limite el alcance de las órdenes judiciales que impiden la aplicación de su plan para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos, argumentando que los jueces de primera instancia no deberían emitir fallos de alcance nacional y busca que sus decisiones se apliquen solo a los demandantes directos o, en el mejor de los casos, a los estados que impugnaron la medida.

La procuradora general interina, Sarah Harris, presentó tres solicitudes de emergencia en distintos casos, según NBC News. No se trata de pedir un fallo sobre la constitucionalidad de la orden de Trump, sino de reducir el impacto de las decisiones judiciales que han bloqueado su aplicación en todo el país. Los tribunales federales de Maryland, Massachusetts y Washington han determinado anteriormente que la propuesta de Trump es inconstitucional y la han bloqueado. Sin embargo, Trump insiste en que estas resoluciones exceden la autoridad de los jueces, afectando la capacidad del poder ejecutivo para desarrollar su política migratoria.

Los abogados de Trump defienden que la ciudadanía automática debería aplicarse solo a los nacidos de al menos un padre ciudadano o residente permanente. No obstante, la mayoría de los expertos legales considera que la iniciativa no prosperará, ya que la Enmienda 14 de la Constitución establece claramente que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadano del país, según NBC News. La Corte Suprema, compuesta por nueve magistrados, necesitaría al menos cinco votos para conceder la solicitud de Trump. De aprobarse, la administración podría seguir trabajando en la implementación de la medida, aunque su viabilidad legal sigue en duda.

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