Trump quiere narcopolíticos
¿Son necesarios?: Donald Trump quiere la cabeza de políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado y su gobierno está explorando acciones inéditas para lograrlo.
Las presiones se incrementan, aunque todavía de manera informal, para la entrega de narcopolíticos a la justicia estadounidense. Funcionarios del Departamento de Estado sostienen conversaciones con la contraparte en México para proponer un acuerdo bilateral para investigar a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, con el propósito de que sean detenidos y puedan ser extraditados a Estados Unidos y si no ven avances en ese sentido, podrían presentar una denuncia pública antes de que venza el siguiente plazo para la revisión de aranceles el próximo 2 de abril.
Nunca existió una petición tan inusual, porque no tenían tanta información y evidencias sobre políticos mexicanos que están trabajando con los cárteles de las drogas. Las autoridades estadounidenses no han puesto los nombres sobre la mesa, pero no tarda en que la petición se materialice. El interés de Trump sobre políticos mexicanos metidos con el crimen organizado viene a reforzar la creencia de que Trump sí va a actuar contra algunos de ellos, con o sin autorización del gobierno de México, incluso hay preocupación de lo que posiblemente suceda con los gobernadores, Rubén Rocha Moya de Sinaloa y Américo Villarreal de Tamaulipas, a quienes se vincula en una investigación, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y con los empresarios que manejaban el robo de combustible en Tamaulipas.
Lo que Trump pretende es que las investigaciones, detenciones y extradiciones sean parte de un acuerdo de cooperación bilateral con México, pero si los políticos bajo sospecha resultaran inculpados, así la presidenta de México pueda llevar un mejor gobierno y sin obstáculos. Lo único que tendría que evaluar es la conveniencia o inconveniencia de las consecuencias.
Entre otras cosas: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que el gobierno de Trump canceló el 83% de los programas de la agencia estadounidense de desarrollo USAID, que representa una parte importante de la ayuda humanitaria mundial. Trump firmó en enero una orden ejecutiva que congeló toda la ayuda exterior para evaluar su conformidad con la política de su gobierno, en particular en temas como el aborto, la planificación familiar o la defensa de la diversidad y la inclusión. “Tras una revisión de seis semanas, estamos cancelando oficialmente el 83% de los programas de USAID”, dijo Rubio en la red social X.
“Los 5,200 cancelados implicaron gastos de miles de millones de dólares en formas que no favorecieron los intereses nacionales de Estados Unidos”, agregó. Creada en 1961, la agencia USAID distribuye ayuda humanitaria mediante programas de salud y de emergencia en 120 países. Su presupuesto anual es de 42,800 millones de dólares, el 42% de la ayuda humanitaria distribuida en todo el mundo. El Departamento de Estado, que supervisa esta agencia, anunció el 26 de febrero su intención de recortar el 92% de su financiamiento.
Trump y sus aliados argumentan que la asistencia exterior es un despilfarro y no sirve a los intereses estadounidenses, pero las organizaciones dedicadas a prestar esta ayuda defienden que gran parte de la asistencia sí contribuye con los intereses de EU al promover la estabilidad y salud en el exterior y que los recortes amenazan la vida de las personas más vulnerables. Luego de dos semanas de juicio en la corte del Distrito de Columbia en Washington, Rubén Oseguera González alias “El Menchito”, fue condenado a cadena perpetua, más 30 años de prisión por tráfico de droga y posesión de armas de fuego. La jueza Beryl A. Howell determinó que el hijo de Nemesio Oseguera “El Mencho” y heredero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá el resto de sus días en una prisión dentro de EU.
Los abogados de Oseguera solicitaron a la jueza Howell que se le diera la sentencia mínima obligatoria de 40 años, argumentando que fue víctima del entorno en el cual se crió con su padre, “El Mencho”. Pese a ello, la jueza le fijó una multa de más de 6 mil millones de dólares, los cuales se deberán pagar como reparación de daños por los delitos de tráfico de droga a los EU, así como por posesión de armas de fuego e instrumentos destructivos.
Maryland y otros 19 estados están demandando a varias agencias federales, alegando que el gobierno de Donald Trump despidió ilegalmente a miles de trabajadores federales en período de prueba. El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, lidera la coalición de fiscales generales en la demanda federal que se presentó en Maryland, donde el estado estima que alrededor del 10% de los hogares reciben salarios del gobierno federal. “Las medidas draconianas de la administración Trump podrían provocar la pérdida de decenas de miles de empleos, la alteración de cientos de miles de vidas y la pérdida de decenas de millones de dólares en ingresos aquí en Maryland”, dijo el viernes el gobernador demócrata Wes Moore en apoyo a la denuncia. El viernes pasado, Brown presentó una solicitud para obtener una orden de restricción temporal en un tribunal federal de Maryland con el fin de detener más despidos masivos qué causarán cargas y gastos irreparables.
