Un Trump austero interno y externo
Escenarios: Los servidores públicos de Estados Unidos enfrentan un nuevo plazo esta semana, para aceptar o no las condiciones impuestas por Donald Trump, mientras que los jueces deciden si la propuesta es legal para reducir el gasto público federal.
Trump y su bisoño consejero Elon Musk, ambos son empresarios, ninguno de los dos es político, sugieren a los dos millones de empleados de su gobierno, condiciones para que renuncien a sus empleos y sean sustituidos por computadoras inteligentes y según ellos su propuesta es “muy generosa”, con derecho a recibir su salario hasta septiembre, para incentivarlos a renunciar a sus empleos a cambio de recibir 9 meses de salario y nada más.
Así piensan los empresarios, como Trump y Musk, pues ellos nunca conocieron el desempleo, pero si cómo lanzar a un empleado a la calle de la manera más económica para sus empresas: “presionarlo sicológicamente para que advierta las ventajas de recibir migajas a cambio de renunciar a un empleo al que de su juventud con la expectativa de obtener una pensión”. Dicha propuesta tiene fecha límite y de no aceptar se arriesgan a ser despedidos, como se los explicó de diversas maneras Elon Musk, a cargo de una Comisión para la eficiencia gubernamental llamada DOGE y que derivó en una lluvia de demandas judiciales contra el gobierno de Trump.
Además, los demócratas denunciaron que se trata de un intento ilegal para reforzar el gobierno de Trump con empleados “leales”, es decir, de las filas republicanas y para contrarrestarlo las asociaciones de los próximos despedidos lanzaron un portal para que cualquier despedido pueda señalar cualquier acción potencialmente ilegal de Musk y los miembros de la DOGE. La batalla judicial se intensificó, cuando un juez prohibió a los equipos de DOGE acceder a los datos fiscales de todos los estadounidenses en poder del departamento del Tesoro, una decisión contra la cual el gobierno federal apeló, al considerarla “ilícita e inconstitucional”.
Los equipos de Elon Musk adoptaron una actitud agresiva contra varias agencias federales, congelándoles los programas de ayuda e imponiendo importantes reducciones de personal a través de planes de renuncia y amenazas de despido cuya legalidad es dudosa. Ejemplo de ello es Russ Vought, artífice para reducir la presencia del gobierno federal en el llamado Proyecto 2025, cuando anunció la congelación de las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), cuya misión es proteger a los clientes de los abusos de los bancos, pero que los republicanos criticaron siempre, desde su creación.
El plan de renuncias propuesto a los empleados se dio a conocer el 28 de enero por correo electrónico enviado a todas las agencias y titulado “Encrucijada”, una fórmula empleada por Musk para despedir a los empleados de Twitter cuando compró la red social y que según arrojó buenos resultados.
Entre otras cosas: la oficina del fiscal general de Maryland, Anthony Brown, se unió a una coalición de 22 fiscales generales que están demandando a la administración del presidente Trump por los recortes de financiamiento a las subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud para universidades e instituciones de investigación. Casi la mitad de los estados presentaron una demanda para bloquear el sorpresivo recorte de miles de millones de dólares en investigación médica en todo Estados Unidos, por parte de los Institutos Nacionales de Salud, calificándolo de “golpe devastador”.
El lunes pasado, un juez federal de Massachusetts bloqueó temporalmente la entrada en vigor de los recortes y fijó una audiencia para finales de febrero para decidir si son legales Durante una conferencia de prensa, antes de la decisión del juez, Brown declaró: “El caos viene de Washington” y dijo que su oficina “no lo tolerará”. Brown calificó la decisión de Trump de “draconiana” y dijo que “es una amenaza directa al futuro de la educación superior estadounidense y al liderazgo mundial en investigación”. Brown dijo que su oficina está trabajando junto con otros 21 fiscales generales. “Estamos trabajando con urgencia”, dijo sobre la demanda presentada el lunes.
La demanda fue presentada en un tribunal federal en Massachusetts y los fiscales generales esperaban ver una orden judicial que prohibiera a la administración Trump y al NIH llevar a cabo los recortes de financiación. “Los habitantes de Maryland están interesados en que el financiamiento del NIH se mantenga en los niveles en que prevaleció hasta este fin de semana”, dijo Brown. Esa ayuda dijo Brown, “salvará vidas en Maryland, creará empleos en Maryland y garantizará que Maryland siga siendo líder en materia de investigación”. Los reporteros le preguntaron a Brown sobre otras acciones que su oficina asumió en reacción a la avalancha de órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca desde que el presidente Trump asumió el cargo el 20 de enero.
Respecto del intento de Trump de recortar personal mediante “renuncias diferidas”, Brown dijo que su oficina está asesorando a los trabajadores federales, sin embargo, Brown dijo que “los términos de esta supuesta renuncia son inciertos”. Les recomiendo que consulten a los representantes sindicales que tienen un conocimiento profundo de la ley federal de personal y si esos beneficios son reales o no. “Por todo lo que veo, el acuerdo es una falsa promesa para los trabajadores”, añadió Brown.
