La legisladora Diana Sánchez Barrios, presentó una iniciativa para que las alcaldías participen en mesas de trabajo con capacidad de decisión y rindan cuentas cuando incumplan compromisos
Ciudad de México.- La diputada Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México con el propósito de fortalecer las mesas de trabajo ciudadanas y establecer responsabilidades para las autoridades que incumplan acuerdos o se ausenten de estos espacios de diálogo.
Durante la presentación del proyecto, la legisladora sostuvo que los gobiernos locales deben privilegiar el diálogo y la participación ciudadana para resolver los conflictos en sus demarcaciones.
“No vamos a tolerar que la discrecionalidad administrativa se convierta en abuso. No vamos a normalizar el autoritarismo. La ley, además de proteger derechos, establece límites a la actuación pública para que la política local se ejerza con responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos”, afirmó.
Buscan garantizar participación efectiva de las alcaldías
La propuesta plantea incorporar en la legislación la obligación de que las alcaldías asistan y participen en las mesas de trabajo ciudadanas mediante representantes con capacidad de decisión.
Además, contempla el establecimiento de plazos y procedimientos para el cumplimiento de acuerdos, así como la obligación de presentar justificaciones fundadas y motivadas cuando exista imposibilidad para atender los compromisos adquiridos.
Dichas justificaciones, explicó la diputada, deberán ser remitidas a los órganos de control correspondientes para su evaluación.
Señala distanciamiento entre autoridades y ciudadanía
Sánchez Barrios consideró que la complejidad de los problemas urbanos exige la apertura de espacios permanentes de diálogo entre autoridades y población.
Aseguró que la ausencia de mesas de trabajo efectivas ha profundizado la distancia entre quienes gobiernan y quienes enfrentan diariamente las consecuencias de las decisiones públicas.
“Escuchar a comerciantes, vecinos, trabajadores, jóvenes y organizaciones sociales no es un acto de cortesía democrática, sino una obligación política”, señaló.
Cita caso reciente en Zona Rosa
La legisladora sostuvo que existen antecedentes recientes que evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.
Como ejemplo, mencionó actuaciones de autoridades locales en la Zona Rosa que, según testimonios y evidencias referidos por la diputada, derivaron en afectaciones para comerciantes del espacio público y personas que dependen de esa actividad económica.
No obstante, aclaró que su iniciativa no busca señalar responsables específicos, sino atender un patrón de decisiones unilaterales y operativos realizados sin procesos previos de concertación.
Reforma busca frenar actos arbitrarios
La representante popular afirmó que la propuesta pretende proteger el derecho de comerciantes, vecinos y grupos vulnerables a ser escuchados y participar en la construcción de acuerdos con las autoridades.
Indicó que la reforma busca fortalecer la gobernanza local mediante mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas, evitando que decisiones administrativas afecten de manera arbitraria a la ciudadanía.
“La propuesta que hoy presento tiene como objetivo defender su derecho a ser escuchados y a no ser objeto de medidas arbitrarias que pongan en riesgo su sustento”, expresó.
Finalmente, Sánchez Barrios reiteró que las alcaldías no pueden gobernar de espaldas a la sociedad y que la legitimidad de la política pública se fortalece cuando los conflictos se transforman en acuerdos y soluciones concretas.
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