Por: Redacción
Advierten que la reforma «Plan M» centraliza el poder y debilita la fiscalización en municipios y órganos electorales.
Toluca, Estado de México. La actual propuesta de reforma institucional, denominada en sectores legislativos como el «Plan M», ha abierto un debate técnico sobre la salud de los contrapesos democráticos en el país. Cristina Ruiz Sandoval, senadora y presidenta del PRI en la entidad, señaló que el proyecto plantea modificaciones estructurales que, bajo la bandera de la austeridad, impactan la capacidad operativa de los organismos autónomos y la representatividad de los ayuntamientos.
Entre los puntos más sensibles se encuentra la alteración de la revocación de mandato, la cual se busca adelantar para coincidir con periodos electorales, permitiendo una participación más activa de los titulares del Ejecutivo en los procesos de campaña.
En materia de equidad, la reforma propone reducir la veda electoral de 90 a 60 días, ampliando el margen de influencia política previo a los comicios. Asimismo, establece topes salariales que afectan la suficiencia técnica del INE, los organismos públicos locales (OPLES) y los tribunales electorales. Los analistas advierten que estas medidas no contemplan recortes equivalentes en el gasto central del Gobierno Federal, lo que genera una asimetría presupuestal que presiona exclusivamente a las autoridades encargadas de arbitrar las elecciones y garantizar la imparcialidad.
El ámbito municipal es otra de las áreas con cambios significativos al pretender fijar un estándar de entre 7 y 15 regidores para todos los ayuntamientos del país, sin considerar la densidad poblacional. Esta estandarización ha sido señalada como un riesgo para municipios con grandes dimensiones demográficas, donde una reducción previa en 2021 derivó en un incremento del control del bloque oficialista, limitando proporcionalmente la presencia de voces opositoras y la supervisión técnica de las obras públicas y los servicios municipales.
Respecto a los Congresos locales, la propuesta de limitar su gasto al 0.70% del presupuesto estatal ha sido calificada como una medida de poco impacto real en términos de ahorro, ya que entidades como el Estado de México operan por debajo de dicho límite. No obstante, fijar este techo presupuestal podría ser utilizado como una herramienta de presión institucional que limite la capacidad de los legisladores para fiscalizar el ejercicio de los gobiernos estatales, debilitando la división de poderes establecida en la Constitución.
En conjunto, este paquete de reformas perfila un escenario de centralización administrativa. El debilitamiento de la representación en los cabildos y la presión a los órganos electorales sugieren un cambio profundo en las reglas de competencia. Para garantizar la estabilidad democrática, los expertos coinciden en que el país requiere instituciones técnicas fortalecidas y una rendición de cuentas que no se vea comprometida por ajustes en la composición de los cuerpos colegiados locales o restricciones presupuestales dirigidas.
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