Por: Redacción
La Cámara de Diputados analiza el dictamen que busca impedir que ninguna jubilación pagada con recursos públicos supere el 50% del salario de la presidenta de la República.
Ciudad de México. En un debate que confronta los principios de austeridad con la defensa de los derechos laborales, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados presentaron sus posicionamientos respecto a la reforma del artículo 127 constitucional. La minuta, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, propone establecer un tope máximo a las pensiones y jubilaciones en el sector público, asegurando que ningún monto financiado por el erario exceda la mitad de la percepción mensual del titular del Ejecutivo Federal.
Desde el bloque oficialista (Morena, PVEM y PT), se argumentó que esta medida es una respuesta necesaria para erradicar las llamadas «pensiones doradas», las cuales representan un privilegio excesivo financiado por la ciudadanía. Diputados como Favio Castellanos Polanco y Astrit Viridiana Cornejo destacaron que no se busca eliminar el derecho al retiro, sino recuperar el sentido social del sistema y garantizar la viabilidad financiera del Estado, eliminando esquemas donde exfuncionarios de paraestatales perciben montos desproporcionados en comparación con el promedio nacional.
Por su parte, las bancadas de oposición (PAN, PRI y MC) manifestaron coincidencias en lo general sobre la necesidad de eliminar excesos, pero centraron su preocupación en la posible vulneración de derechos adquiridos. Legisladoras como Laura Cristina Márquez (PAN) y Claudia Ruiz Massieu (MC) advirtieron que la redacción actual de los artículos transitorios sugiere una aplicación retroactiva de la norma, lo que podría desatar una ola de amparos masivos y afectar a trabajadores que obtuvieron su jubilación tras décadas de servicio legal bajo condiciones previamente pactadas.
El debate técnico también puso sobre la mesa casos específicos de empresas productivas del Estado como Pemex y CFE, donde algunos jubilados perciben montos superiores al millón de pesos mensuales. Mientras el PT y el PVEM calificaron estos casos como una «ofensa a la realidad del país», diputados de Movimiento Ciudadano e incluso algunas reservas del PT sugirieron proteger al personal técnico especializado y asegurar que la reforma no se convierta en una herramienta selectiva o discrecional que genere incertidumbre laboral.
Finalmente, la reforma se perfila como un paso decisivo hacia la consolidación de la austeridad en el gasto público, aunque el reto legislativo permanecerá en la redacción de los transitorios. La intención de las diversas fuerzas políticas es transitar hacia un sistema más equitativo, equilibrando la urgencia de liberar recursos para programas sociales con el respeto irrestricto a la seguridad jurídica de quienes ya gozan de un retiro ganado conforme a la ley vigente al momento de su jubilación.
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