Por: Gilberto Solorza
Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de utilizar la embajada de Venezuela en México como plataforma de cobertura diplomática para vuelos privados ligados al traslado de dinero del narcotráfico entre 2006 y 2008, cuando ejercía como canciller. La imputación, presentada a inicios de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que Maduro facilitó pasaportes diplomáticos y respaldo oficial a aeronaves que operaban entre México y Venezuela para evadir inspecciones, dentro de una red de tráfico de cocaína con destino a Estados Unidos.
El proceso busca atribuir responsabilidad penal al exmandatario venezolano por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas. La fiscalía sostiene que el caso revela el uso deliberado del aparato estatal y diplomático venezolano para proteger operaciones criminales, con beneficios económicos y protección política para funcionarios y aliados armados.
Vuelos diplomáticos y el rol de México
Según el pliego de cargos, Maduro avisaba directamente a la embajada venezolana en México sobre la llegada de supuestas misiones diplomáticas en aviones privados. Con ese argumento, las aeronaves evitaban controles mientras cargaban efectivo producto de la venta de droga. La acusación describe que, durante reuniones entre traficantes y el embajador venezolano, el personal vinculaba la operación diplomática con la salida del dinero rumbo a Venezuela bajo inmunidad oficial.
El expediente describe a México como un nodo logístico dentro de una red que enviaba cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, en coordinación con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. No obstante, el eje de la acusación se centra en el uso de pasaportes, vuelos oficiales y cobertura consular, no en el almacenamiento directo de droga dentro de la sede diplomática.
La fiscalía fundamenta la imputación en testimonios de cooperantes, registros de vuelos y comunicaciones oficiales, documentos sobre pasaportes diplomáticos y antecedentes de decomisos. Entre estos antecedentes figura el aseguramiento, en 2006, de un avión DC-9 con más de 5.5 toneladas de cocaína en Ciudad del Carmen, Campeche, que el expediente utiliza para contextualizar las rutas Venezuela–México–Estados Unidos y el volumen del tráfico atribuido a esa red.
Qué cambia en la nueva imputación y qué sigue
El caso permanece en una etapa preliminar. El indictment del gran jurado solo exige elementos suficientes para formular cargos, no para dictar una condena. En el juicio oral, la defensa podrá impugnar la credibilidad de los cooperantes, la solidez de los documentos y el vínculo directo entre cada operación y decisiones específicas de Maduro.
En la nueva imputación, el Departamento de Justicia eliminó la caracterización de Maduro como líder formal del llamado Cartel de los Soles y redujo las referencias a esa figura como una organización criminal estructurada. La fiscalía optó por describir un sistema de clientelismo dentro del Estado y las fuerzas armadas venezolanas, con el objetivo de fortalecer la acusación sin modificar los cargos centrales de narcotráfico, narcoterrorismo y delitos de armas.
Durante su primera comparecencia ante la corte federal de Manhattan, Maduro se declaró no culpable y se definió como “prisionero de guerra”, con la intención de presentar su detención como un conflicto entre Estados y no como un proceso penal. La corte mantuvo el caso dentro del marco del derecho penal federal de Estados Unidos, sin otorgar efectos legales a esa definición política.
El juez Alvin Hellerstein ordenó la permanencia de Maduro bajo custodia en Nueva York hasta la audiencia del 17 de marzo de 2026, fecha en la que deberá comparecer nuevamente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores.
