La diputada Anais Miriam Burgos Hernández propuso la pérdida y suspensión de la patria potestad sobre sus hijos a padres feminicidas, a través de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal y Código Civil ambos del Estado de México.

En el Pleno Legislativo, destacó que con esta reforma “se resarciría un poco la deuda pendiente que tenemos con todas esas mujeres, madres de familia, que no pudimos proteger y que fueron víctimas de violencia física, hasta perder la vida”.

Durante la sesión, donde acudió la diputada de Puebla, Mónica Silva Ruiz, proponente de la “Ley Monzón”, y que “hoy retomamos como parte de una agenda legislativa feminista en común”, Anais Burgos reiteró que la violencia contra mujeres y niñas no sólo se ha elevado de manera sostenida en los últimos años, también se ha extendido y abarca un mayor número de municipios mexiquenses”.

Enfatizó, que actualmente, el artículo 28I del Código Penal, tipifica el feminicidio, sin embargo, en dicha disposición no se establece que el sujeto activo pierda todos los derechos con relación a la víctima indirecta que son hijas e hijos. En esta circunstancia la importancia radica cuando el delito produce orfandad materna y el activo resulta ser el padre de los hijos de la víctima directa.

Por ello, al quitarle o suspenderle la patria potestad sobre sus hijos al padre feminicida, “les permitimos a esos menores generar nuevos lazos afectivos con familiares que se preocupen por ellos y estén dispuestos a brindarles el amor, la protección, la seguridad y entorno favorable que requieren para su mejor desarrollo y la superación de ese hecho violento y traumático en su vida”, apuntó.

Recordó que entre 2015 y 2021 cerca del 18.8% de los feminicidios se cometieron con arma blanca, es decir, con crueldad y con la intención de prolongar el dolor, de producir sufrimiento y lesiones vejatorias y degradantes mediante el sometimiento y el uso de la fuerza, como en los casos de la asfixia y los golpes.

Frente a las y los diputados de la LXI Legislatura, precisó que, de acuerdo con datos del INEGI, en el Estado de México se registraron tres mil 099 homicidios intencionales de mujeres y niñas entre los años 2015 y 2021, cantidad superior en 341 al conjunto de los feminicidios, que sumaron 735 y homicidios intencionales, que fueron dos mil 23, reportados por el Secretariado Ejecutivo Nacional. Y la mayoría ocurrieron en la vía pública: en calles o carreteras, en segundo lugar, se perpetraron en viviendas, pues en 2021 de cada cien víctimas, a 38 les arrebataron la vida en la vía pública y a 39 en otros espacios públicos.

“El feminicidio es un delito que no podemos tolerar y mientras lo erradicamos de una vez por todas no podemos tampoco permitir que se eternice y se instale permanentemente en la vida de sus víctimas indirectas, en este caso los hijos”, enfatizó.

Y puntualizó que esta iniciativa surge de la llamada “Ley Monzón” de Puebla, en honor a la abogada feminista Cecilia Monzón, asesinada en mayo del año pasado y cuyo principal sospechoso de su muerte es el padre de su hijo; un político poblano, con esta iniciativa Puebla es el primer estado en reformar la Ley para quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla a aquellas personas que están siendo investigadas por feminicidio.

A la vez que destacó que el delito no inicia ni termina con la muerte de la mujer, ni ella es la única víctima, también lo son sus hijas, hijos y familiares directos a quienes se debe de proteger, pues con ese delito también se les trastoca la vida.

Motivo por el que en Morena se lucha por garantizar el derecho de todas las infancias y que su interés superior prevalezca, las y los niños no son propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad, son seres humanos y titulares de sus propios derechos.

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