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Trazabilidad o “transabilidad”

Pulso

Por Eduardo Meraz

Ciudad de México.— En esa pretensa narrativa sin fin del «Palacio de la Pureza», don Casto y doña Inocencia dictan las reglas de las buenas costumbres y mal gobierno, encontraron la llave mágica de la purificación cuatrera: la Trazabilidad.

Ese mecanismo maestro y todo poderoso para no solo abrir puertas, sino las carteras y los presupuestos públicos, cuyo ejemplo más acabado es el modelo Taddei, sin embargo, imperfecto aún, pues apenas avanzó un paso más que el Insabi, Segalmex, Tren Maya, o la Megafarmacia y no pudo alcanzar la perfección de la “transabilidad”.

La trazabilidad es una voz elegante, tecnológica, casi científica, pronunciada con el mismo fervor como antes se invocó la austeridad republicana, la honestidad valiente o la transformación moral de la vida pública.

La trazabilidad en el imaginario guinda apareció como la llave maestra, la herramienta definitiva; el mecanismo capaz de seguir la ruta del dinero, transparentar contratos, vigilar compras y garantizar que cada peso público encontrara destino legítimo.
Era, según sus promotores, algo cercano a la alquimia administrativa: convertir opacidad en luz y sospecha en confianza. Sin embargo, en México las palabras suelen tener una vida propia. Llegan revestidas de nobleza, pero al paso de los meses sufren extrañas metamorfosis.

La transparencia de hoy, mañana puede convertirse en simulación y la rendición de cuentas termina siendo una cortina más elaborada para ocultar los mismos vicios de siempre.

Ciertamente desde el sexenio pasado muchos esquemas “transitas” se pusieron en marcha y muchos de ellos lograron superar el escrutinio periodístico y de las autoridades fiscalizadoras a modo, con lo cual han hecho valer la máxima de abrazos y no denuncias de los negocios jugosos.

Porque una cosa es seguir la ruta de los recursos y otra muy distinta es explicar por qué desaparecen; una cosa es registrar movimientos y otra sancionar responsables; una cosa es construir expedientes digitales y otra enfrentar los intereses políticos que prosperan precisamente en la confusión.

Así, la trazabilidad deja de ser una herramienta de fiscalización para convertirse en una sofisticada técnica de justificación.
Por eso, para taparle el ojo al macho, la Auditoría Superior de la Federación publicitó la revisión de la cuenta pública 2024, el último de “Lope Zobrador”, dónde encontró ‘irregularidades’ por 65 mil millones pesos, cantidad considerada una barbaridad, pero apenas representa una décima parte del monto estimado del «huachicol fiscal» de combustibles; tal faltante es también casi un décimo de los adeudos de Pemex y la CFE con sus proveedores.

La constante es inquietante: cada proyecto nace rodeado de una narrativa moral, pues sus promotores aseguran que ahora sí existe vigilancia, ahora sí hay controles y ahora sí nadie podrá aprovecharse de los recursos públicos. Pero al final, los hallazgos terminan dibujando un paisaje conocido.

En otro rincón, en cambio, reposan los sobrecostos, retrasos y polémicas asociadas a obras emblemáticas cuya fiscalización sigue generando preguntas más rápido de lo que aparecen las respuestas.

Así, el modelo Taddei de ‘transabilidad’ pasará al basurero morenista, dónde ya va más de una docena de esquemas de apropiación ilegal del presupuesto público, sobre todo en las áreas energética, de salud y educativa.

México ha llegado a un punto en el que las cifras de miles de millones dejan de indignar para convertirse en estadísticas rutinarias. Las observaciones aparecen un día en los titulares y desaparecen al siguiente, sepultadas por nuevas polémicas, confrontaciones políticas o espectáculos mediáticos.

Y es ahí donde la trazabilidad experimenta su más curiosa transformación semántica. De tanto anunciarla como garantía de limpieza termina pareciéndose más a una forma refinada de transabilidad.

Es decir, a la capacidad de transferir responsabilidades sin encontrar culpables; de mover recursos sin identificar beneficiarios; de documentar operaciones sin aclarar resultados.

La diferencia entre ambos conceptos es mínima en apariencia, pero gigantesca en sus consecuencias. La trazabilidad busca reconstruir el camino del dinero; por el contrario, la “transabilidad” permite que ese dinero transite cómodamente por laberintos burocráticos hasta perder su identidad original.

Los sistemas permanecen; las plataformas continúan operando; los registros existen y lo único ausente suele ser aquello que les daba sentido: la voluntad política de castigar abusos y recuperar recursos.

Porque ningún software combate la corrupción por sí mismo, ninguna base de datos sustituye a un fiscal independiente, ningún algoritmo reemplaza la decisión de investigar y ninguna narrativa moral puede ocultar eternamente la distancia que existe entre el discurso y los resultados.

Pero el verdadero escándalo no es la cantidad, el verdadero escándalo es la normalización.

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El ciudadano de a pie, no lo llama trazabilidad; le llama “transabilidad”. Y la diferencia, como suele ocurrir en México, termina costando miles de millones de pesos.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Un Tribunal Colegiado confirmó la decisión de un juez que desechó la demanda de amparo de Hernán Bermúdez Requena, por infundado. El exsecretario de Seguridad de Tabasco, se encuentra preso en el penal del Altiplano.

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