La intervención se realizó en el Parque Pichardo Pagaza, en el entorno de la Presa de Guadalupe; autoridades investigan posibles trabajos de urbanización y derribo de árboles.
Cuautitlán Izcalli.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró un predio ubicado dentro del Área Natural Protegida Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, luego de una denuncia por presuntas actividades de lotificación y derribo de árboles.
La intervención ministerial se realizó el miércoles 28 de octubre en el Parque Ecológico Pichardo Pagaza, donde personal de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente colocó cuatro sellos con la leyenda «Asegurado», como parte de las investigaciones en curso.
El procedimiento derivó de una denuncia presentada por el gobierno municipal, encabezado por Daniel Serrano Palacios, después de que autoridades locales detectaron indicios de posibles trabajos de urbanización dentro de esta zona de protección ambiental.
Los señalamientos se remontan a septiembre, cuando durante recorridos de inspección realizados a partir de denuncias vecinales se identificaron claros con árboles derribados, divisiones de terrenos y zanjas de cimentación que podrían estar relacionadas con una eventual lotificación.
En aquella revisión, el alcalde informó sobre una afectación estimada de hasta 150 mil metros cuadrados en el entorno de la Presa de Guadalupe. También se reportaron al menos 50 árboles talados y otros 120 ejemplares marcados, además de más de 40 divisiones de terreno.
La superficie exacta y los límites de las áreas intervenidas quedaron sujetos a los trabajos de delimitación correspondientes, por lo que los 150 mil metros cuadrados representan una estimación del entorno bajo revisión y no una superficie cuya afectación total haya sido acreditada.
En las diligencias ministeriales participaron servidores públicos de las áreas municipales de Sustentabilidad y Medio Ambiente, Jurídico y Seguridad Ciudadana, quienes acompañaron al personal de la Fiscalía.
El aseguramiento representa una intervención ministerial en el caso, pero no constituye por sí mismo una determinación sobre la responsabilidad de personas involucradas. Las investigaciones deberán establecer las circunstancias de los hechos y las posibles conductas delictivas.
El gobierno municipal llamó a la población a verificar la situación jurídica de los terrenos antes de realizar operaciones de compraventa y evitar posibles ofertas de predios ubicados en zonas sujetas a restricciones ambientales.
