Las diputadas Paulina Rubio y Laura Álvarez plantean recurrir a tribunales cuando las instituciones públicas no proporcionen tratamientos. La propuesta incluye solicitar atención privada con cargo al Estado.
CIUDAD DE MÉXICO.— Mujeres con cáncer de mama que no reciban medicamentos, consultas o tratamientos en instituciones públicas podrán solicitar orientación jurídica para promover amparos, de acuerdo con el ofrecimiento realizado este 19 de octubre por la diputada federal panista Paulina Rubio Fernández.
La legisladora anunció que trabajará junto con la diputada local Laura Álvarez Soto para apoyar a pacientes que enfrenten dificultades para acceder a la atención médica que necesitan.
La propuesta busca que, mediante recursos legales, las autoridades cumplan con sus obligaciones sanitarias. Rubio planteó incluso solicitar que el Estado cubra tratamientos en clínicas privadas cuando el sistema público no responda.
Sin embargo, el comunicado no establece dónde podrán acudir las pacientes, qué documentos deberán presentar ni cuándo comenzará la asesoría. Tampoco informa si ya se han promovido amparos mediante esta iniciativa.
El derecho al tratamiento médico
La vía judicial propuesta tiene antecedentes en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el amparo en revisión 82/2022, resuelto en 2023, la Primera Sala determinó que la falta de suministro oportuno, continuo y permanente de un tratamiento contra el cáncer vulnera el derecho a la salud, en relación con la vida y la integridad personal.
Ese criterio se refiere a la obligación de proporcionar atención médica y medicamentos. No significa que cualquier amparo garantice automáticamente el pago de servicios privados: las medidas dependen de las circunstancias y de la resolución judicial.
Cuestionan recursos para la atención del cáncer
Durante su pronunciamiento por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Rubio Fernández acusó a los gobiernos de Morena de debilitar los servicios públicos de salud y reducir las posibilidades de financiamiento para organizaciones que acompañan a pacientes.
La diputada mencionó a fundaciones como SIMAC y FUCAM, y atribuyó parte de sus dificultades a cambios en los incentivos fiscales para quienes las apoyan.
El comunicado no presenta cifras presupuestarias ni documentación que permita establecer el alcance de esos cambios o relacionarlos directamente con la atención de pacientes.
Rubio también citó un aumento de mil 127 defunciones anuales por cáncer de mama y lo relacionó con la detección tardía y las carencias de equipamiento. El texto no precisa los años utilizados para esa comparación ni aporta evidencia para establecer esa relación causal.
Los registros del INEGI sí documentan la magnitud de la enfermedad: en 2024 se contabilizaron 8 mil 451 muertes por cáncer de mama en México, de las cuales 8 mil 384 correspondieron a mujeres.
La propuesta de las legisladoras se concentra en recurrir a los tribunales cuando las pacientes no obtengan la atención requerida. Por ahora, queda pendiente conocer cómo funcionará la asesoría anunciada y si habrá casos presentados ante juzgados federales.
