La iniciativa obliga a las plataformas a implementar verificación de edad y prohíbe que los menores de 13 años creen o mantengan cuentas. No limita el acceso a otras herramientas digitales.
Ciudad de México.— El senador Alberto Anaya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de prohibir el uso de redes sociales a menores de 13 años.
La propuesta establece que las niñas y niños menores de trece años no podrán crear, contratar, registrar, mantener ni utilizar cuentas personales en redes sociales digitales. Además, obliga a las plataformas a implementar mecanismos de verificación de edad e impedir la creación y permanencia de cuentas de quienes no hayan cumplido esa edad.
La justificación: el carácter preventivo
“La importancia de esta medida reside en su carácter preventivo. Cuando una niña o un niño sufre acoso o establece contacto con alguien que busca aprovecharse de su confianza, no basta con retirar la publicación o cerrar la cuenta; la información puede haberse compartido y el daño puede continuar fuera de la plataforma. Por ello, la protección debe comenzar antes del acceso a esos espacios”, señaló Anaya.
Lo que la prohibición NO incluye
El legislador aclaró que la prohibición se dirige exclusivamente al uso de redes sociales y preserva el acceso de los menores a otras herramientas digitales necesarias para aprender, informarse y ejercer sus derechos.
“Consultar materiales escolares, comunicarse con familiares o buscar información son actividades distintas de participar en una red social, publicar aspectos de la vida privada e interactuar con personas desconocidas”, explicó.
Los límites a la verificación de edad
La iniciativa plantea que los mecanismos de verificación de edad deben ser proporcionales y respetar la privacidad de los menores. Anaya enfatizó que proteger a la infancia no puede servir de pretexto para:
- Solicitar documentos innecesarios.
- Conservar información sensible por tiempo indefinido.
- Ampliar la recopilación de datos personales.
“La medida tampoco debe convertir a niñas y niños en responsables de una falta. Si una persona menor de trece años logra ingresar a una plataforma, la respuesta debe centrarse en protegerla y en revisar si el proveedor cumplió sus obligaciones”, apuntó.
El papel de las familias y las escuelas
Anaya reconoció que las madres, padres y cuidadores seguirán desempeñando un papel esencial en el acompañamiento de la vida digital de los niños. Sin embargo, admitió que “ninguna familia puede supervisar de manera permanente cada mensaje, contenido recomendado o cambio en el funcionamiento de una aplicación”.
Por ello, establecer una regla general “ofrece un respaldo a ese esfuerzo cotidiano y evita que la seguridad de la infancia dependa exclusivamente del tiempo, los conocimientos tecnológicos o los recursos disponibles en cada hogar”.
La educación digital como complemento
El legislador subrayó que la prohibición debe acompañarse de educación digital adecuada a cada etapa de desarrollo. “Es necesario que aprendan a cuidar su información, identificar conductas de riesgo y pedir ayuda cuando algo les incomoda o amenaza”.
“Prepararlos para participar en el entorno digital es una tarea de las escuelas, las familias y las instituciones públicas. El límite de edad da tiempo para fortalecer esas capacidades antes de permitirles usar redes sociales”, concluyó.
El contexto internacional
La iniciativa se alinea con el EU KIDS Act de la Unión Europea, que propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años y establecer 15 años como edad mínima para abrir una cuenta autónoma, con control parental entre los 13 y 15 años. En América Latina, Brasil aprobó en 2024 una ley que prohíbe el acceso a menores de 14 años, y Colombia debate un proyecto para prohibir el acceso a menores de 16 años.
Siguiente paso
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictaminación. No tiene fecha definida para su discusión en el Pleno.
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