Pulso
Por Eduardo Meraz
Ciudad de México.- México parece haberse convertido en un país de dos dimensiones: el que se padece en las calles, hospitales, escuelas y caminos, y el que se fabrica en las pantallas del poder; la primera dimensión es la realidad; la segunda, el algoritmo de la narrativa cuatroteísta.
En el primero, las familias cuentan a sus muertos, los enfermos aguardan atención y los ciudadanos hacen malabares para conseguir servicios públicos que deberían ser derechos; en el segundo, las cifras se acomodan, los discursos se repiten y la realidad adquiere el color que mejor conviene al discurso oficial, emanado de Palacio Nacional y Palenque, o bien se ocupa para defenderse como gato boca arriba.
Entre ambos países se levanta un algoritmo político: esa maquinaria de comunicación que selecciona lo que debe verse, amplifica lo que favorece al gobierno y procura relegar aquello que contradice o echa por tierra sus promesas.
La llamada Cuarta Transformación ha hecho de la comunicación una pieza central de su identidad política, pero los abusos y costumbres han degradado el mensaje, sobre todo cuanto pretende sustituir a los resultados y la propaganda reclama para sí el lugar que corresponde a los hechos.
Porque un país no se gobierna con etiquetas, conferencias ni consignas; se gobierna con hospitales que atienden, policías que protegen, escuelas que enseñan, agua que llega a las viviendas y autoridades capaces de responder cuando la tragedia llama a la puerta.
Y lo mismo es cuando en vez de proclamar “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, debería ser respetuoso y promotor indeclinable de la misma.
La distancia entre esas obligaciones y la narrativa gubernamental es, precisamente, el territorio donde germina la desconfianza.
El algoritmo de la 4T funciona como un espejo cuidadosamente colocado: devuelve una imagen favorable del poder, mientras deja fuera del encuadre todo lo que incomoda.
Si un problema persiste, se buscan responsables en el pasado; si una promesa no se cumple, se anuncia otra; si una tragedia irrumpe, la disputa por el relato amenaza con desplazar la urgencia de atender a las víctimas.
Así, la explicación corre el riesgo de convertirse en coartada y la repetición, en sustituto de la rendición de cuentas. El gobierno habla de transformación, pero los hechos muestran retrocesos en derechos y libertades.
Palacio Nacional puede insistir en que el rumbo es correcto; quien espera una consulta médica necesita saber cuándo será atendido, no escuchar una nueva defensa de la ruta elegida.
En materia de seguridad, la realidad tiene una crudeza que ninguna estrategia de comunicación puede borrar: 50 mil muertos en dos años; cada homicidio deja una silla vacía, una familia rota y una comunidad obligada a convivir con el miedo.
Cada persona desaparecida prolonga una búsqueda que consume tiempo, recursos y esperanzas. Detrás de las estadísticas hay nombres, fotografías y familiares que no aceptan que la ausencia de sus hijos.
Los números importan, desde luego, y permiten medir tendencias, comparar periodos, así como evaluar políticas; pero también pueden utilizarse para desviar la atención cuando se presentan sin contexto, se seleccionan de manera interesada o se confunde una reducción en un indicador con la solución integral de un problema.
Lo mismo ocurre con los servicios públicos, pues la transformación no se acredita mediante el número de veces que aparece en un discurso, sino en la experiencia cotidiana de quienes dependen de ellos. Se mide en medicamentos disponibles, personal suficiente, infraestructura funcional, maestros frente a grupo, agua potable y transporte que permita llegar al trabajo sin convertir cada traslado en una odisea.
Cuando esas condiciones fallan, la ciudadanía termina pagando dos veces: primero, mediante los impuestos que sostienen al Estado; después, con su propio dinero, su tiempo y sus esfuerzos para compensar lo que las instituciones no proporcionan.
Por eso llaman pensiones a la devolución de impuestos, pues termina forzando en el hogar la compra del medicamento ausente, la familia contrata el servicio que debería estar garantizado y el trabajador pierde horas intentando resolver trámites que tendrían que ser sencillos.
La carencia, además, no se distribuye de manera uniforme. Quienes cuentan con recursos encuentran alternativas privadas; quienes viven al día quedan expuestos a la espera, al endeudamiento y, en ocasiones, a la resignación.
Por eso, hablar de servicios públicos no es discutir una abstracción administrativa: es hablar de igualdad, dignidad y oportunidades reales.
También lee: Ahí le hablan, señora presidenta
Así, hablar de los dos mundos en los cuales se mueven los mexicanos, esa especie de multiverso región 4T, es sobrevivir en la realidad o sobredimensionar el algoritmo cuatr4oteísta.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la liberación de un presunto delincuente en Morelos, tras ser detenido por policías estatales, fue una decisión para salvaguardar la vida de la población civil y evitar una confrontación mayor. El “Cualiacanazo” del segundo piso.
