Entre 2024 y junio de 2026, el organismo recibió 409 solicitudes y rechazó 289 (70.66%). Organizaciones advierten que “algunas personas han perdido la vida con medidas o a la espera de incorporación”.
Ciudad de México.— El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas rechazó 289 de 409 solicitudes de incorporación presentadas entre 2024 y junio de 2026, equivalentes al 70.66 por ciento del total, de acuerdo con datos del colectivo Espacio OSC, una red de organizaciones civiles que monitorea la situación de defensores y comunicadores en México.
La cifra fue difundida en el contexto del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las organizaciones advirtieron que estas barreras “dejan en situación de desprotección a personas solicitantes y beneficiarias; algunas incluso han perdido la vida con medidas o a la espera de ser incorporadas al Mecanismo”.
181 asesinatos desde 2000
La crisis de protección a periodistas se dimensiona con otros datos. ARTICLE 19 documenta 181 asesinatos de comunicadores en posible relación con su labor desde el año 2000. De esa cifra, 47 corresponden al sexenio de Andrés Manuel López Obrador y 14 al gobierno de Claudia Sheinbaum, con corte al 22 de julio de 2026.
Solo en 2026, ocho periodistas han sido asesinados, prácticamente uno por mes, según ARTICLE 19. El caso más reciente es el de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo asesinado a tiros en Puebla en agosto tras denunciar amenazas por publicaciones críticas contra la administración municipal.
Las fallas documentadas
El colectivo Espacio OSC identificó deficiencias estructurales en el Mecanismo que van más allá del rechazo de solicitudes: “persisten desafíos en la coordinación institucional, los análisis de riesgo, la implementación de medidas y el monitoreo de los planes de protección”, señalaron las organizaciones.
Un reportaje de WIRED documentó casos específicos de esta burocracia. La Fundación Carmen Sánchez solicitó incorporación al Mecanismo en 2025 tras recibir disparos contra la casa de su vicepresidenta. Enviaron los formatos requeridos, pidieron aclaraciones por escrito en junio y julio, y nunca recibieron respuesta. El proceso dejó de avanzar.
El caso de Gustavo Sánchez Cabrera fue más grave: llevaba más de un año esperando que se aplicaran medidas de protección cuando fue asesinado en 2021.
La propuesta legislativa
El diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones de prevención y protección urgente destinadas a comunicadores en riesgo.
Moreira pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzar la seguridad de quienes enfrentan amenazas, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) optimizar las investigaciones sobre homicidios, desapariciones y amenazas contra periodistas.
“Las autoridades locales suelen ser las primeras en conocer las amenazas en sus territorios, por lo que deben contar con protocolos claros para recibir denuncias, evaluar riesgos y mantener comunicación constante con las personas beneficiarias”, señaló Moreira.
El legislador concluyó: “La violencia no se frena únicamente con esquemas de protección para las víctimas, sino con investigaciones diligentes y efectivas. Los datos disponibles muestran que se requiere una política integral y permanente de prevención, protección y procuración de justicia”.
La impunidad como telón de fondo
Un dato que dimensiona la falta de justicia: según la FEADLE, entre julio de 2010 y septiembre de 2025 solo se han logrado nueve sentencias condenatorias por homicidio de periodistas, y cuatro más por tentativa. Nueve condenas contra 181 asesinatos desde 2000.
Siguiente paso
El Punto de Acuerdo de Moreira fue presentado ante la Cámara de Diputados. No tiene fecha definida para su dictamen ni para su discusión en el Pleno. El Mecanismo de Protección federal, mientras tanto, continúa operando con las deficiencias documentadas por las organizaciones civiles.
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