La iniciativa de Heriberto Aguilar plantea crear Programas de Procuración Hospitalaria con autorización sanitaria, personal especializado y coordinación con el Sistema Nacional de Trasplantes.
Ciudad de México. — El senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y permitir que hospitales con capacidad clínica puedan participar en la procuración de órganos, tejidos y células, mediante programas sujetos a autorización sanitaria y controles específicos.
La propuesta contempla crear los denominados Programas de Procuración Hospitalaria, que operarían con personal especializado, mecanismos de trazabilidad y coordinación permanente con el Centro Nacional y los Centros Estatales de Trasplantes, de acuerdo con la iniciativa presentada por el legislador.
La propuesta busca ampliar la capacidad hospitalaria disponible para identificar potenciales donantes, diagnosticar la muerte encefálica y preservar órganos para su posterior distribución y trasplante.
Actualmente, la Ley General de Salud establece que los establecimientos dedicados a la extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células requieren licencia sanitaria. También establece obligaciones para los establecimientos que realizan estas actividades, entre ellas contar con responsables sanitarios, comités internos de coordinación y coordinadores hospitalarios de donación.
El Centro Nacional de Trasplantes mantiene programas de formación para coordinadores hospitalarios de donación, cuyo trabajo incluye detectar potenciales donantes, evaluar riesgos sanitarios, participar en el mantenimiento de los donantes y coordinar y documentar el proceso de donación dentro de los hospitales.
México mantiene una baja tasa de donación
Como argumento para ampliar la capacidad de procuración, Aguilar Castillo señaló que 18 mil 61 personas esperan actualmente un trasplante en México, cifra que no fue posible corroborar de manera independiente en una base primaria disponible públicamente al momento de esta revisión.
En contraste, la tasa de donantes fallecidos efectivos reportada para México fue de 4.21 por cada millón de habitantes en 2024, de acuerdo con el registro internacional IRODaT. Ese año se contabilizaron 545 donantes fallecidos efectivos en el país.
La diferencia frente a los países utilizados como referencia por el senador sí está sustentada en registros internacionales. España alcanzó 53.9 donantes fallecidos por millón en 2024, mientras que Estados Unidos registró 49.7. México se ubicó, por tanto, aproximadamente 12 veces por debajo de ambos países en este indicador.
El legislador sostuvo que existen hospitales con capacidad para participar en las primeras etapas del proceso de donación, pero que enfrentan restricciones para incorporarse oportunamente al sistema.
“Cuando existe la posibilidad de donar un órgano, estamos hablando de la posibilidad real de salvar una vida. No podemos permitir que capacidad médica ya instalada se desperdicie por obstáculos que podemos resolver sin sacrificar seguridad, transparencia ni control sanitario”, afirmó Aguilar Castillo.
La propuesta aún debe pasar por el proceso legislativo
La iniciativa constituye una propuesta de reforma, por lo que no modifica todavía las reglas vigentes ni autoriza automáticamente a nuevos hospitales a realizar procuración de órganos.
La legislación actual ya contempla un esquema de autorización sanitaria para los establecimientos que realizan actividades relacionadas con la extracción y manejo de órganos, tejidos y células. Asimismo, el artículo 316 Bis establece que determinados establecimientos deben contar con un coordinador hospitalario de donación disponible de manera permanente y capacitado por la Secretaría de Salud.
La propuesta de Aguilar busca modificar ese marco para incorporar los Programas de Procuración Hospitalaria como una vía adicional para aprovechar la capacidad clínica instalada, según lo planteado por el senador.
El legislador también argumentó que una mayor procuración permitiría aprovechar infraestructura hospitalaria existente y reducir el impacto de tratamientos prolongados para pacientes con enfermedades que pueden requerir terapias como diálisis o hemodiálisis.
La iniciativa deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de que pueda determinarse si las modificaciones propuestas serán aprobadas, modificadas o rechazadas por el Congreso.
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