CDMX: !expropien!
Causa: El encarecimiento desmedido de los arrendamientos en la capital exige una intervención de la 3 legislatura de Donceles y el Antiguo Palacio de Ayuntamiento que trasciendan las recientes modificaciones al Código Civil y a la Ley de Vivienda, buscando así frenar alzas que amenazan con superar el 9.6 por ciento anual. Una política pública efectiva debe enfocarse en diversificar la oferta y desincentivar activamente la especulación.
Primero, la instrumentación de un impuesto progresivo a la vivienda vacía obligaría a los grandes poseedores a introducir sus inmuebles al mercado, aumentando la oferta y estabilizando los precios. Simultáneamente, el gobierno podría establecer fideicomisos para adquirir suelo urbano y construir vivienda de alquiler social, operada por el Estado a precios controlados. Asimismo, se requiere un registro público obligatorio de contratos que transparente los precios por zona, acompañado de estímulos fiscales atractivos, como reducciones en el impuesto predial, para aquellos propietarios que mantengan sus tarifas por debajo de la inflación.
Finalmente, la regulación estricta de las plataformas de alojamiento temporal es imperativa, limitando las noches que una propiedad puede rentarse o zonificando áreas exclusivas para este fin, evitando que la vivienda tradicional sea sustraída del mercado residencial y empuje los costos al alza para los habitantes locales.
SOS: Esta severa crisis de asequibilidad y la altísima rentabilidad del metro cuadrado en las zonas céntricas mantienen un vínculo directo y perverso con el alarmante incremento de los despojos de inmuebles. A medida que la gentrificación avanza rápidamente y los precios de alquiler se disparan hacia ese umbral del 9.6 por ciento, el suelo urbano se convierte en un activo sumamente codiciado por cárteles inmobiliarios. Propiedades intestadas, habitadas por adultos mayores en situación vulnerable o que presentan irregularidades administrativas, pasan a ser el blanco perfecto de estas organizaciones delictivas.
El móvil del despojo ya no es la simple ocupación irregular, sino la apropiación ilegal de un predio con alto valor comercial para su demolición, desarrollo de lujo o arrendamiento a precios exorbitantes. La especulación funciona como el motor de esta violencia patrimonial; al saber que un edificio puede generar ganancias millonarias mediante rentas a nómina digitales, las mafias invierten recursos para expulsar a sus legítimos dueños. Así, el encarecimiento desbordado no solo representa un grave problema económico para el inquilino promedio, sino que se transformó en el incentivo económico principal que financia y motiva la maquinaria criminal de usurpación territorial en la Ciudad de México.
Juicios: Para que este lucrativo esquema de despojo se materialice con una fachada de estricta legalidad, es indispensable una red de complicidades profundamente enraizada entre notarios públicos y el poder judicial. Las mafias inmobiliarias no operan aisladas; recurren a fedatarios públicos corruptos que avalan la falsificación sistemática de escrituras, suplantan identidades en poderes notariales y emiten testamentos apócrifos. Una vez obtenidos estos documentos fraudulentos, la maquinaria judicial entra en acción para consolidar el robo del patrimonio. Jueces y secretarios de acuerdos, actuando en evidente contubernio, admiten juicios civiles basados en pruebas fabricadas, acelerando los procesos de manera inusual para dictar sentencias a favor de los despojadores.
Posteriormente, estos mismos juzgadores ordenan desalojos inmediatos con el uso de la fuerza pública, expulsando a los ocupantes legítimos bajo un manto de supuesta legalidad institucional. El Registro Público de la Propiedad suele ser vulnerado u omiso en esta cadena, inscribiendo títulos falsos que borran el historial original. Esta sinergia criminal entre el escritorio notarial y los tribunales garantiza la impunidad, dejando a las víctimas en un laberinto procesal casi imposible de revertir y permitiendo que el cártel inmobiliario comercialice rápidamente el bien, lavando el activo financiero.
