El coordinador del PRI en San Lázaro advirtió que la violencia y el crimen organizado representan un riesgo para las elecciones y pidió mayor coordinación entre autoridades electorales y de seguridad.
Ciudad de México.- La violencia y la inseguridad se han convertido en un factor que puede incidir directamente en los procesos electorales de México, advirtió el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, quien llamó a fortalecer la coordinación entre autoridades electorales, gobiernos y organismos de seguridad para blindar las elecciones.
Durante la mesa de diálogo “Inseguridad y Elecciones”, realizada este 11 de agosto, el legislador sostuvo que el crimen organizado puede condicionar candidaturas, participación política y resultados electorales en distintas regiones del país.
Moreira advierte sobre violencia electoral
Moreira señaló que durante los procesos electorales de 2021 y 2024 recorrió distintas regiones del país y pudo observar, desde su perspectiva, cómo la violencia se convirtió en un factor presente en los comicios.
De acuerdo con cifras de consultorías citadas por el diputado, durante el proceso electoral 2023-2024 se contabilizaron 889 víctimas entre políticos, candidatos y equipos de campaña. Asimismo, mencionó un registro de 2 mil 974 agresiones durante los últimos ocho años en periodos electorales.
El legislador identificó como algunas de las zonas con mayores riesgos electorales a Culiacán, Tijuana, Celaya, Chilpancingo, Acapulco y Cuautla, además de otros puntos de Morelos.
Para Moreira, el problema trasciende la seguridad de candidatos y alcanza la propia capacidad de las comunidades para elegir libremente a sus representantes.
Pide al INE mayor participación
El coordinador priista planteó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga una participación más activa en la prevención de riesgos relacionados con la violencia durante los procesos electorales.
Propuso que el organismo convoque a las autoridades correspondientes para construir mecanismos que permitan identificar zonas de riesgo, mejorar la coordinación institucional e incorporar a organizaciones ciudadanas y observadores internacionales.
También consideró necesario hacer públicos los mapas de riesgo electoral disponibles y establecer protocolos para responder ante homicidios, secuestros o amenazas contra candidatas y candidatos.
Moreira cuestionó además que en algunos municipios existan condiciones que dificultan la competencia electoral, como la ausencia de candidaturas de determinados partidos o la participación de una sola opción política.
“Las elecciones deben continuar”, sostuvo el legislador, al plantear que la respuesta institucional debe enfocarse en garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto aun en regiones con presencia del crimen organizado.
Critica falta de coordinación institucional
Moreira cuestionó que distintas instituciones argumenten que determinados problemas no corresponden a sus atribuciones y pidió que cada autoridad asuma una responsabilidad mayor para enfrentar la violencia electoral.
También criticó el funcionamiento del Congreso en materia de seguridad nacional y señaló que algunas comisiones legislativas relacionadas con seguridad y seguimiento al uso de las Fuerzas Armadas no han operado con la continuidad que, a su juicio, requiere el contexto nacional.
El diputado consideró que el Legislativo perdió oportunidades para establecer reglas específicas sobre qué hacer cuando un candidato es asesinado, amenazado o cuando la violencia afecta la competencia electoral de una comunidad.
Asimismo, cuestionó mecanismos de certificación para candidatos y planteó que cualquier estrategia de prevención debe respetar los derechos y garantías establecidos por la legislación.
Advierte riesgo de captura de gobiernos locales
En otra parte de su intervención, Moreira sostuvo que cuando grupos criminales intervienen en una elección existe el riesgo de que posteriormente busquen ejercer influencia sobre las autoridades electas.
El legislador señaló que esta situación puede extenderse a decisiones relacionadas con presupuestos municipales, contrataciones, licitaciones, seguridad pública y administración de justicia.
Por ello, planteó fortalecer la fiscalización de los recursos municipales en aquellas regiones donde existan indicios de penetración del crimen organizado y cuestionó la actuación de los órganos de auditoría locales.
Advirtió que la intervención criminal en los procesos electorales puede derivar en una estructura paralela de poder, en la que grupos delictivos busquen influir no sólo en quién gobierna, sino también en decisiones que corresponden a las instituciones del Estado.
“Si esto sigue, se va a acabar el país”
Hacia el cierre de su participación, Moreira expresó preocupación por la normalización de la violencia y por la posibilidad de que habitantes y autoridades terminen adaptándose a condiciones en las que el crimen organizado ejerza control territorial.
El diputado cuestionó que una disminución de los homicidios pueda interpretarse como una mejora suficiente si, al mismo tiempo, ciudadanos, empresarios o autoridades deben pagar para evitar agresiones o negociar con grupos criminales.
En ese contexto, insistió en que el desafío no consiste únicamente en reducir los indicadores de homicidio, sino en impedir que organizaciones delictivas asuman funciones que corresponden al Estado.
Para Moreira, blindar las elecciones frente a la violencia y la influencia criminal requiere coordinación entre instituciones electorales, gobiernos, organismos de seguridad, fiscalías, legisladores y sociedad civil, particularmente en las regiones identificadas como focos de riesgo.
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