Kenia López Rabadán pidió corregir fallas del nuevo modelo de acceso a la información y advirtió que la ciudadanía necesita mecanismos efectivos para rastrear el uso de recursos públicos
Ciudad de México.- La desaparición del INAI abrió una nueva discusión sobre quién vigila al poder público. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió corregir fallas del actual esquema de transparencia y garantizar que ciudadanos y medios de comunicación puedan acceder a información completa sobre el uso de recursos públicos.
Durante una conferencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora señaló que el nuevo modelo enfrenta problemas relacionados con tiempos de respuesta, reservas de información y fallas operativas que, afirmó, deben atenderse mediante ajustes legales.
Su postura se da luego del decreto anunciado por el gobierno Federal para establecer nuevas medidas de transparencia, tras la reforma constitucional que eliminó al organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información pública.
¿Quién vigila al gobierno?
La discusión sobre la transparencia en México regresó a la agenda política después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante el debate legislativo que acompañó esa reforma, las posiciones se dividieron, mientras sus impulsores argumentaron que era necesario modificar un organismo con deficiencias, sus críticos alertaron que eliminar un órgano autónomo podía reducir los contrapesos frente al poder público.
López Rabadán reconoció que existe una exigencia ciudadana para combatir la corrupción, pero sostuvo que esa tarea requiere herramientas que permitan conocer cómo se toman las decisiones y cómo se utilizan los recursos públicos.
“Es importante asegurar que la ciudadanía pueda conocer de manera completa y oportuna cómo se toman las decisiones públicas y cómo se utilizan los impuestos de los mexicanos”.
La presidenta de la Cámara de Diputados señaló que la información pública debe entregarse bajo el principio de máxima publicidad y que las reservas deben ser excepcionales, justificadas y revisables.
Fallas en el nuevo sistema y el reclamo por información pública
Uno de los principales señalamientos de López Rabadán fue que el actual esquema presenta dificultades para acceder a información gubernamental.
La legisladora afirmó que existen solicitudes que no concluyen en los tiempos esperados y cuestionó que argumentos como la seguridad nacional puedan utilizarse de manera amplia para limitar el acceso ciudadano.
“No puede ser que con el pretexto de ser información de seguridad nacional se niegue de manera automática esa información a los ciudadanos”.
También señaló problemas técnicos en las plataformas de consulta pública y afirmó que la falta de acceso oportuno puede afectar tanto a ciudadanos como a medios de comunicación que investigan asuntos relacionados con el ejercicio del poder.
No obstante, la evaluación completa del funcionamiento del nuevo modelo requerirá datos oficiales sobre tiempos de respuesta, número de solicitudes atendidas, recursos de revisión y cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Autonomía frente a controles internos
Uno de los cuestionamientos centrales tras la desaparición del INAI ha sido si las nuevas instituciones cuentan con suficiente independencia para revisar decisiones tomadas por las propias autoridades.
López Rabadán evitó centrar la discusión únicamente en el nombre de una institución y planteó que el objetivo debe ser garantizar que exista un mecanismo imparcial capaz de revisar negativas de información.
“No importa cómo se llame la institución; lo importante es que exista una instancia profesional, imparcial e independiente que revise las decisiones sobre la entrega o reserva de información”.
La discusión se trasladará ahora al Congreso, donde deberán analizarse las modificaciones legales anunciadas por el Ejecutivo Federal y las propuestas que presenten los distintos grupos parlamentarios.
Seguridad nacional, contratos y el límite de la reserva
Durante la conferencia, la legisladora también cuestionó el uso del argumento de seguridad nacional para reservar información pública.
Explicó que existen casos en los que documentos completos terminan clasificados, cuando una alternativa podría ser generar versiones públicas que protejan datos sensibles sin ocultar completamente los procesos gubernamentales.
El planteamiento coincide con una discusión recurrente entre especialistas en transparencia, cómo equilibrar la protección de información estratégica del Estado con el derecho ciudadano a conocer decisiones públicas.
La transparencia como herramienta contra la corrupción
López Rabadán sostuvo que el acceso a la información no es únicamente un mecanismo administrativo, sino una herramienta para vigilar el uso del presupuesto.
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Según la legisladora, la opacidad puede facilitar prácticas irregulares al dificultar el seguimiento del dinero público.
“Cada peso utilizado debe poder ser rastreado y debe conocerse cómo, cuándo y en qué se gasta”.
La Cámara de Diputados deberá definir, cuando reciba formalmente la iniciativa anunciada por el Ejecutivo, si mantiene el diseño actual del sistema de transparencia o incorpora nuevos mecanismos de revisión y control.
