- El senador rechazó que se trate de un preso político.
- Dijo que la investigación cuenta con documentos y análisis financieros.
Ciudad de México.- El senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que el proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos hechos relacionados con el contrabando de combustible, debe resolverse conforme a derecho y rechazó que se trate de un caso de persecución política.
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador respondió a los posicionamientos de exmandatarios y figuras políticas que expresaron su respaldo al exgobernador panista.
Asegura que existe un expediente judicial
Huerta sostuvo que Ruffo Appel enfrenta un proceso derivado de hechos específicos y señaló que su trayectoria política no lo exime de responder ante la justicia.
El senador afirmó que el caso cuenta con un expediente integrado con documentos aduaneros, registros corporativos, análisis financieros y otros elementos técnicos, los cuales, dijo, ya superaron una primera revisión judicial.
Asimismo, sostuvo que corresponde a la defensa controvertir las acusaciones dentro del proceso legal, pero consideró que no puede afirmarse que el expediente no existe o que el procedimiento obedece únicamente a motivos políticos.
Investigación continúa
El legislador agregó que la investigación contempla procedimientos relacionados con operaciones aduaneras, pedimentos, firmas electrónicas y posibles responsabilidades individuales derivadas del presunto contrabando de hidrocarburos.
Añadió que, en caso de surgir nuevos elementos durante las indagatorias, las autoridades deberán determinar si existen otras responsabilidades.
Rechaza que sea un preso político
Durante su intervención, Huerta también rechazó que Ernesto Ruffo pueda ser considerado un preso político, al señalar que esa figura corresponde a personas perseguidas por sus ideas y no a quienes enfrentan procesos penales por presuntos delitos.
Hasta el momento, Ernesto Ruffo Appel enfrenta un proceso judicial, por lo que no existe una sentencia definitiva. Conforme al principio de presunción de inocencia, su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades jurisdiccionales competentes.
