Frente a la imparable subida de rentas y el desplazamiento forzado, la organización Nueva Aztlán propone un modelo de autogestión y comunidad para garantizar el derecho a la vivienda
CIUDAD DE MÉXICO.- En una Ciudad de México donde los precios de suelo suelen ser estratosféricos y una gentrificación que expulsa a sus habitantes originales, la asociación civil Nueva Aztlán se presenta como un bastión de resistencia. Con Cecilia Ocampo a la cabeza, esta organización no solo gestiona ladrillos, sino que construye tejido social bajo la premisa de que «una sociedad organizada siempre exigirá mejores cuentas al gobierno».
Ocampo señala una desconexión crítica entre las promesas gubernamentales y la realidad operativa del Instituto de Vivienda (INVI). A pesar de los anuncios de programas como «Vivienda del Bienestar», la dirigente advierte que el gobierno no produce tierra; son las organizaciones sociales quienes realizan la compleja labor de sanear terrenos y gestionar expropiaciones. Ante el encarecimiento del suelo en alcaldías como Cuauhtémoc, Nueva Aztlán propone un retorno a esquemas de financiamiento donde el INVI cubra el 70% del valor del terreno, permitiendo que la vivienda asequible sea una realidad y no un eslogan.
Un punto medular de su propuesta es el programa «Vivir Bonito», que busca dignificar los espacios habitacionales y romper con la normalización de la precariedad. A diferencia de otras agrupaciones, Nueva Aztlán mantiene el acompañamiento tras la entrega de llaves, asegurando el mantenimiento y la administración de los desarrollos. Ocampo hace un llamado a la vigilancia ciudadana para evitar fraudes inmobiliarios, recomendando verificar siempre el registro de las organizaciones ante las autoridades.
Con la meta de entregar hasta 400 viviendas en el corto plazo, Nueva Aztlán se proyecta como un modelo replicable en otros estados. Su lucha no es solo por metros cuadrados, sino por el derecho de los jóvenes y las jefas de familia a permanecer en su ciudad con dignidad, enfrentando la «nueva conquista» de los consorcios inmobiliarios con autogestión y participación política activa.
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