Pruebas o repruebas
Eduardo Meraz
En México, la justicia suele caminar con paso desigual: para unos, basta la sospecha; para otros, se exige un cúmulo de pruebas que nunca parecen suficientes.
La prisión preventiva oficiosa se convierte en un destino inmediato para ciudadanos comunes, mientras los miembros de la llamada “cuarta transformación” transitan por un sendero distinto, donde las exigencias se multiplican y las consecuencias se diluyen; se exigen pruebas y más pruebas; y si no las entregas, repruebas.
Los señalamientos de Estados Unidos hacia el mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya son, los más significativos, asociación delictuosa y narcotráfico, así como de recibir dinero ilícito del crimen organizado -Cártel de Sinaloa- durante su campaña para la gubernatura.
Acusaciones que, más allá de la política, ponen en entredicho la credibilidad de las instituciones mexicanas.
En ese sentido, aun cuando era secreto a voces, Rocha Moya se benefició de estas y otras prácticas ilícitas, lo cual pone en tela de juicio no sólo a las autoridades judiciales, sino también a las electorales, pues a pesar de las denuncias presentadas por medios de comunicación y ciudadanos, de manera individual y colectiva, nunca hicieron caso o las consideraron insuficientes.
Hoy, cuando las autoridades judiciales de Estados Unidos, para solicitar la extradición de Rubén Rocha, presentan argumentos irrebatibles, tanto la Fiscalía General de la República como el INE y el Tribunal Electoral no tendrán donde esconder la cara y mostrarán su fragilidad convenenciera en todo su esplendor.
Durante años, las instituciones mexicanas han practicado una suerte de autismo selectivo: miran sin ver, oyen sin escuchar, como quedó plasmado con total nitidez en la elección judicial.
En esa evento, por ejemplo, se toleró un proceso que terminó convertido en chiquero, con una Corte que parece más vecindad que tribunal supremo; esa misma ceguera voluntaria amenaza ahora con convertirse en complicidad.
Pero en el caso que nos ocupa de Rubén Rocha Moya y 10 más, no debe desecharse las observaciones -advertencias- de la American Society of Mexico sobre el asunto, sobre todo para comprender las diferencias entre el sistema de justicia estadounidense y el mexicano.
La agrupación que reúne a empresas asentadas en nuestro país, indicó: “los procesos judiciales de Estados Unidos se rigen por estándares rigurosos de investigación y debido proceso: La gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío».
En ese marco, American Society of Mexico acotó, con claridad, que “la cooperación judicial entre Estados Unidos y México no es optativa: es un imperativo derivado de los tratados, acuerdos y compromisos bilaterales que ambos países han asumido en materia de seguridad y combate al crimen organizado”.
En ese sentido, si el gobierno mexicano no presenta pruebas fehacientes de la inocencia de Rocha Moya y de la cuarta transformación -involucrada por él mimo en su carta de respuesta-, la justicia estadounidense lo reprobará y las consecuencias pueden ser de magnitudes inimaginables.
En el mejor de los casos, como ya se empieza a notar, las acciones del gobierno estadounidense ya está aplicando un golpe demoledor a la narrativa de la cuarta transformación, despostillando su versión de ser adalid de la honestidad y el combate al crimen organizado.
En el peor, no debe desdeñarse la posibilidad de un deterioro en la relación bilateral, principalmente en materia económica; en caso extremo, la cancelación prácticamente total del intercambio de bienes y servicios y cobro de deudas.
La historia mexicana está llena de episodios donde la justicia se dobla ante el poder político, como lo ejemplifica el comportamiento del hoy secretario de Economía y anterior canciller Marcelo Ebrard, durante el primer mandato de Donald Trump.
En Estados Unidos, la sospecha no basta, pero cuando las pruebas se acumulan, la maquinaria judicial avanza con firmeza.
El gobernador de Sinaloa, que alguna vez se benefició de prácticas ilícitas de las cuales hoy se le acusa, se convierte ahora en símbolo de esa contradicción, pues muestra el auténtico ADN de los morenistas y con ello desnuda a toda una estructura política; es el primero, pero no será el último.
La columna vertebral de la cuarta transformación se tambalea cuando sus integrantes son señalados por vínculos con el crimen organizado. Y la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿qué tan profundo llega esa relación? La respuesta, quizá, no la dará México, sino Estados Unidos.
En México, algunos pasan de grado con exámenes a modo, con maestros complacientes y reglas flexibles. En Estados Unidos, el examen es riguroso y la calificación se dicta sin favoritismos y Rocha Moya está frente al sistema norteamericano.
Y si reprueba, no será sólo él quien cargue con la consecuencia, sino todo un sistema que permitió, toleró o ignoró pruebas y señales.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
El analista político y académico Edgardo Buscaglia afirmó que la exigencia de pruebas por parte de autoridades mexicanas ante solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos “es un disparate jurídico”, al sostener que la evidencia se construye durante el proceso judicial y no como requisito previo.
