Por: Redacción
La Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista respalda la Reforma Electoral para eliminar estructuras infladas en ayuntamientos
Ciudad de México.- En una sesión decisiva para el rediseño institucional del país, la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, encabezada por la diputada Diana Sánchez Barrios y la vicecoordinadora Leticia Haro, formalizó su respaldo a la Reforma Electoral conocida como Plan B. La postura del bloque se fundamenta en la premisa de que la eficiencia administrativa es un requisito indispensable para la justicia social, argumentando que el ahorro derivado de la reducción de privilegios burocráticos debe traducirse en oportunidades para sectores históricamente marginados.
La reforma legislativa propone una reingeniería profunda en los órdenes locales de gobierno. Entre los puntos más críticos destaca la compactación de los ayuntamientos, limitando su integración a una presidencia municipal, una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Esta medida busca desmantelar estructuras «infladas» que, según la perspectiva parlamentaria, han priorizado el gasto operativo sobre la eficacia gubernamental y el servicio directo a la ciudadanía en los municipios.
Asimismo, el paquete de modificaciones establece un tope riguroso al gasto de los congresos locales, el cual no podrá exceder el 0.7% del presupuesto estatal. Sánchez Barrios enfatizó que esta austeridad no es un ataque a las instituciones, sino un cumplimiento del Artículo 134 constitucional, que exige que el gasto público se ejerza bajo principios de honradez y economía. La legisladora señaló que la democracia no puede ser un ejercicio oneroso mientras existan necesidades básicas insatisfechas en las comunidades de trabajadores del comercio popular.
Un eje central de la validación por parte de este grupo parlamentario es la institucionalización de la paridad de género vertical y horizontal. La reforma busca garantizar que la participación femenina en la toma de decisiones no sea meramente simbólica, sino una realidad obligatoria en todas las candidaturas y cargos públicos. Con ello, se pretende que la redistribución del presupuesto vaya acompañada de una redistribución equitativa del poder político.
Finalmente, la Asociación destacó que el control de las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales —para que no superen los límites constitucionales— es el paso definitivo para terminar con la percepción de una democracia de élites. Los recursos recuperados mediante estos mecanismos de control serán destinados a infraestructura y programas de bienestar, consolidando una visión donde la política electoral deja de ser una fuente de enriquecimiento para convertirse en un instrumento de servicio público.
