Por: Redacción
La propuesta presidencial no logró las dos terceras partes de los votos necesarias para modificar la Constitución, pese al respaldo del bloque mayoritario.
Ciudad de México. En una jornada marcada por intensos debates y negociaciones de último minuto, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de Reforma Electoral impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum. El dictamen, que buscaba una reingeniería profunda del sistema representativo y una reducción drástica en el financiamiento a partidos, no logró obtener la mayoría calificada de dos terceras partes necesaria para una modificación constitucional. Pese a contar con el voto en bloque de la coalición mayoritaria, la postura unificada de las bancadas opositoras impidió que la iniciativa transitara hacia el Senado.
El rechazo se centró en los puntos más polémicos de la iniciativa: la eliminación de los legisladores de representación proporcional y el cambio en la integración del órgano electoral. Mientras los defensores de la reforma, incluyendo voces en el Senado como la de Francisco Chíguil Figueroa, argumentaban que la medida era un paso necesario hacia la austeridad y la eficiencia administrativa, los grupos opositores sostuvieron que la propuesta ponía en riesgo la pluralidad política y la autonomía de las instituciones electorales.
Técnicamente, el resultado de la votación deja sin efecto la propuesta de reducir el número de escaños en el Congreso, una medida con la que el Ejecutivo proyectaba generar ahorros significativos para destinarlos a infraestructura y vivienda. Asimismo, se mantiene el esquema actual de financiamiento público para los partidos políticos y la mecánica vigente para la elección de consejeros y magistrados electorales. Este desenlace representa el primer freno legislativo de gran escala para la agenda de reformas constitucionales de la presente administración.
Analistas coinciden en que el escenario político ahora se desplaza hacia la construcción de consensos o la posible presentación de reformas secundarias que no requieran cambios constitucionales. Por ahora, el sistema electoral mexicano permanecerá bajo el marco jurídico actual para los próximos procesos locales. La Mesa Directiva en San Lázaro dio por concluido el trámite legislativo del dictamen, enviándolo al archivo como asunto total y definitivamente concluido en sus términos constitucionales.
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