Por: Redacción
Legisladores del tricolor señalan que el dictamen actual violenta el marco jurídico y pone en riesgo la estabilidad de las pequeñas empresas sin ofrecer incentivos fiscales.
CIUDAD DE MÉXICO. La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación de Rubén Moreira Valdez, lanzó una severa crítica al proceso de reforma para reducir la jornada laboral, denunciando que la propuesta actual de Morena incumple la promesa de otorgar dos días de descanso obligatorios.
Según los legisladores, el dictamen enviado mantiene el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, ignorando una minuta previa de marzo de 2023 que ya contemplaba los cinco días laborables. Para el PRI, este cambio representa una «violación al marco jurídico del Congreso» al sustituir acuerdos técnicos y parlamentos abiertos por una minuta distinta enviada desde el Senado.
A pesar de que el PRI confirmó que votará a favor en lo general, los diputados Alejandro Domínguez, Erubiel Alonso, Jericó Abramo y Christian Castro advirtieron que presentarán reservas para dar claridad normativa y fortalecer la evaluación de impacto. Los legisladores subrayaron que el bloque mayoritario ha hecho caso omiso de los foros técnicos realizados en la legislatura pasada, donde se analizó a profundidad cómo alcanzar las 40 horas sin vulnerar la operatividad de los sectores productivos. El PRI sostiene que la transición debe ser responsable y no producto de la improvisación legislativa.
Una de las mayores preocupaciones expresadas en Tribuna fue el golpe financiero a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). El PRI alertó que estas unidades económicas, responsables de la mayoría de los empleos en México, enfrentarán un incremento en costos operativos de entre el 15 y 25 por ciento. Este impacto se debe al aumento del salario integrado, mayores cuotas al IMSS, cargas patronales e impuesto sobre nómina. Para los priistas, cargar este peso financiero a los emprendedores —quienes ya lidian con inseguridad y altos costos operativos— sin ofrecer medidas de apoyo, pone en riesgo la estabilidad del empleo formal.
Ante este escenario, la propuesta del PRI se centra en acompañar la reforma con incentivos fiscales que amortigüen el impacto económico. Entre las medidas propuestas destacan la deducibilidad total de la nómina, programas de impulso a la productividad y una coordinación entre la Secretaría del Trabajo y las MiPyMEs para otorgar becas al empleo. El objetivo de estas acciones es fortalecer la formalidad y la competitividad, asegurando que la reducción de horas no se traduzca en una quiebra masiva de pequeños negocios o en la disminución de salarios para los trabajadores.
Finalmente, el coordinador Rubén Moreira enfatizó que la soberanía del Congreso debe respetarse y que la reforma no debe usarse como una herramienta de distracción política. El PRI reafirma que el cambio debe ser gradual y técnico, permitiendo que las empresas se adapten mediante mecanismos fiscales que protejan el patrimonio de los empleadores y el ingreso de las familias.
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