Por: Redacción
El dictamen constitucional establece una transición gradual que iniciará en 2027, garantizando el pago íntegro de salarios y limitando estrictamente el tiempo extraordinario.
CIUDAD DE MÉXICO. En un paso legislativo trascendental para los derechos de la clase trabajadora, el Pleno de la Cámara de Diputados conoció el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución Política, con el objetivo de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, busca armonizar la vida laboral con la personal, estableciendo que, por cada cinco días de trabajo, las personas disfrutarán de al menos dos días de descanso con goce de sueldo íntegro. Este avance responde a una demanda histórica y coloca a México en sintonía con estándares internacionales de productividad y bienestar.
La reforma especifica reglas estrictas para el tiempo extraordinario. En circunstancias excepcionales, las horas extra se pagarán un 100% más de lo fijado para la jornada ordinaria, con un límite de 12 horas semanales distribuidas en un máximo de cuatro días. Si la prolongación del trabajo supera estos límites, el empleador estará obligado a pagar un 200% más del salario ordinario. Además, con un enfoque de protección infantil, la ley prohíbe tajantemente que menores de 18 años realicen cualquier tipo de labor extraordinaria, reforzando el marco de seguridad para los trabajadores jóvenes.
Para garantizar la estabilidad económica y permitir la adaptación de las empresas, la implementación será gradual. El régimen transitorio establece que el ajuste comenzará a partir del próximo año bajo el siguiente esquema de reducción de horas semanales:
- 2026: 48 horas (actual).
- 2027: 46 horas.
- 2028: 44 horas.
- 2029: 42 horas.
- 2030: 40 horas definitivas.
Esta gradualidad busca evitar impactos inflacionarios y permitir que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) reorganicen sus turnos sin afectar su operatividad. Es fundamental destacar que el dictamen aclara explícitamente que la reducción de la jornada en ningún caso podrá ser motivo para disminuir sueldos, salarios o prestaciones, blindando así el poder adquisitivo de los empleados durante todo el proceso de transición hacia las 40 horas.
Finalmente, la declaratoria de publicidad del dictamen marca el inicio de la etapa final para su aprobación constitucional. Con esta medida, el gobierno de México busca elevar la calidad de vida de millones de familias, fomentando un entorno laboral más humano y eficiente.
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