El sistema de remesas en México enfrenta una severa crisis de credibilidad tras la denuncia presentada por el diputado federal Federico Döring Casar, quien señaló presuntas irregularidades por más de 6 mil 800 millones de pesos acumulados entre 2018 y 2024.
Según el legislador, existen flujos financieros provenientes de naciones donde no existe una comunidad mexicana significativa, lo que contradice la naturaleza demográfica de estos envíos. La acusación pone bajo los reflectores a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuestionando su aparente inacción ante operaciones que «desafían cualquier lógica financiera».
El análisis, sustentado en registros del Banco de México (Banxico) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), revela casos atípicos como transferencias desde Afganistán superiores al millón de dólares en una sola exhibición. Asimismo, se detectaron envíos recurrentes desde Sudán, la República del Congo y Nicaragua. En este último país, se registraron 372 operaciones desde 2022 con un promedio de 250 mil dólares cada una, cifras que contrastan drásticamente con los 4 mil 584 dólares anuales que envía, en promedio, un trabajador mexicano desde Estados Unidos.
Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN, calificó de «sorprendente» que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni la Secretaría de Hacienda hayan emitido alertas tempranas ante estos montos. El legislador advirtió que reportes de inteligencia vinculan estos esquemas con posibles operaciones de lavado de dinero ligadas al crimen organizado, utilizando la estructura legítima de las remesas para blanquear activos de procedencia ilícita mediante «pitufeo» o transferencias masivas injustificadas.
La gravedad del señalamiento radica en el riesgo reputacional para el sistema bancario mexicano y la desprotección de los migrantes reales. Los legisladores sostienen que el uso de estas rutas por parte de estructuras delictivas pone en riesgo la estabilidad del canal que sostiene a millones de familias mexicanas. Al no existir un registro consular de trabajadores en las regiones emisoras mencionadas, la hipótesis de una operación de lavado de dinero cobra fuerza técnica y administrativa ante la falta de una base demográfica que la sustente.
Finalmente, el bloque legislativo hizo un llamado urgente para iniciar investigaciones formales y deslindar responsabilidades dentro de las instituciones de supervisión financiera. «La transparencia en las remesas es clave para proteger a quienes envían recursos de manera legítima», sentenciaron. La exigencia de una auditoría profunda a los registros de Banxico busca esclarecer no solo el origen de los 6 mil 800 millones de pesos, sino también identificar los vacíos legales que permitieron que estas transferencias operaran fuera del radar de la inteligencia financiera nacional.
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