La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto bajo la lupa el destino de más de 101 mil millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2024, el último tramo de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En esta tercera entrega, el organismo fiscalizador reveló que el ejercicio fiscal 2024 acumuló 65 mil 92.8 millones de pesos por justificar, una cifra que representa el 64% del total de las observaciones realizadas durante todo el sexenio, evidenciando un cierre de administración con severas grietas en la rendición de cuentas.
Ante la magnitud de los hallazgos, el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN), integrante de la Comisión Anticorrupción, instó al gobierno federal a otorgar cauce judicial inmediato a estas observaciones. El legislador subrayó que el monto en incertidumbre es inaceptable y que los casos emblemáticos de presunta corrupción —como Segalmex y los contratos en Pemex— no deben quedar en la impunidad. Sánchez Rodríguez calificó la opacidad como un rasgo distintivo del periodo anterior, agravado por la eliminación de organismos autónomos diseñados para la transparencia.
El informe detalla que el eslabón más débil de la cadena financiera sigue siendo el gasto federalizado. De los 101 mil millones de pesos observados, un total de 88 mil 809.9 millones corresponden a recursos transferidos a estados y municipios que no han sido debidamente comprobados. Esta concentración histórica de irregularidades en los gobiernos locales subraya la fragilidad de los mecanismos de vigilancia en el ejercicio del presupuesto nacional cuando sale de la esfera central.
Además del impacto técnico-financiero, el debate se ha trasladado al terreno de la responsabilidad institucional. El diputado Sánchez Rodríguez rechazó que los señalamientos sean parte de una campaña política, defendiéndolos como una exigencia legítima de transparencia. En este sentido, hizo un llamado directo al titular de la ASF, David Colmenares, para depurar los procesos internos de la Auditoría y evitar el rezago en las investigaciones que, hasta la fecha, mantienen miles de millones de pesos en un limbo administrativo.
La resolución de estas observaciones será determinante para la credibilidad del sistema de fiscalización en México. Mientras el gobierno federal decide el rumbo de las denuncias, los datos de la ASF confirman que el reto de la transparencia en proyectos prioritarios y transferencias estatales sigue siendo la asignatura pendiente más costosa para el erario público. «No se puede dejar pasar que son miles de millones de pesos que no se saben dónde están», sentenció el legislador ante la Cámara de Diputados.
Te puede interesar: Democracia sindical bajo la lupa – Impressiones mx
