En la víspera de la renovación del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el panorama se ensombrece por acusaciones de exclusión y falta de democracia interna.



Los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja y Margarita García García, anunciaron la presentación de un punto de acuerdo ante el Congreso para exhortar a las autoridades laborales a revisar con lupa la convocatoria del 17º Congreso Nacional cetemista. Según los legisladores, el proceso —previsto para el próximo 24 de febrero— está diseñado para silenciar a la base trabajadora y favorecer una imposición cupular.
La denuncia central radica en una drástica reducción del universo de votantes. Mejía Berdeja explicó que, por estatutos, alrededor de mil 300 sindicatos locales y nacionales deberían tener derecho a voto. No obstante, la convocatoria actual limita la participación a solo 32 secretarios de federaciones estatales y algunos dirigentes nacionales, reduciendo la decisión a un grupo de apenas 100 personas. El diputado por Coahuila señaló directamente al líder cetemista Tereso Medina, calificando la maniobra como una flagrante violación a la libertad sindical y un retroceso en los principios de democracia interna que hoy rigen al país.
Ante esta situación, la diputada Margarita García García hizo un llamado enérgico al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, y al director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo.
La legisladora oaxaqueña sostuvo que validar este proceso sería convalidar un acto que contraviene la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, las cuales exigen que los procesos de elección de directivas garanticen el voto personal, libre, directo y secreto de los agremiados.
La bancada del PT adelantó que se mantendrá en estado de «vigilancia permanente» sobre el desarrollo de este congreso. Para los legisladores, el objetivo del punto de acuerdo es que la autoridad laboral corrija la convocatoria antes de la fecha pactada, asegurando que todos los secretarios de sindicatos adheridos, sin distinción de tamaño, puedan ejercer su derecho al voto. «No permitiremos que se simule una democracia cuando lo que hay es una imposición», sentenció García García, reafirmando que la defensa de los derechos laborales será la prioridad de su grupo parlamentario en esta legislatura.
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